ATE se movilizó del 25 de junio contra la desregulación y en defensa del Estado



En una conferencia de prensa, el Frente Sindical que impulsa ATE confirmó la jornada nacional de lucha con movilización al Ministerio de Desregulación. El gremio denuncia un plan de destrucción del Estado y exige recomposición salarial.




El sindicato estatal ATE confirmó que el próximo miércoles 25 de junio se llevará adelante una jornada nacional de lucha con movilización al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger. La convocatoria forma parte del plan de acción impulsado por el Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y el Salario Justo, del que ya participan más de 100 organizaciones sindicales.

Durante una conferencia de prensa, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que la protesta busca visibilizar la gravedad del ajuste y defender derechos laborales en peligro. “La conformación de este frente tiene que servir para unir todas las luchas que se están dando en el país. Sturzenegger es el monje negro de este Gobierno y es en su cartera que se planifica la destrucción del Estado y la quita de todos nuestros derechos”, sostuvo el dirigente.

Aguiar denunció que los trabajadores y jubilados no han recibido respuestas reales a sus reclamos y que la única reacción del Gobierno ha sido “mentiras, descalificaciones, amenazas y represión”. En ese sentido, afirmó que esta jornada de protesta será apenas el inicio de un plan de lucha que se profundizará con el correr de las semanas. “La paz social no la garantizan los trabajadores, la tienen que garantizar los gobiernos con políticas en favor del pueblo”, señaló.

La movilización está prevista para las 12 del mediodía, con concentración en la intersección de las calles Carlos Pellegrini y Sarmiento, desde donde marcharán hacia la sede del ministerio en Av. Roque Sáenz Peña 788.

Entre los principales reclamos del sindicato figuran la reapertura urgente de la paritaria, un aumento que permita recomponer el poder adquisitivo de todos los ingresos del sector público, y el rechazo a la privatización de empresas estatales y la venta de bienes públicos que impulsa el Ejecutivo.