Myrina Bregman cuestionó el fallo de Preska por YPF: “Las estafas no se pagan, es una injerencia inaceptable”
La dirigente criticó con dureza el fallo de la jueza neoyorquina Loretta Preska que condena a la Argentina por la expropiación de YPF. Denunció una cesión histórica de soberanía judicial y exigió anular todos los acuerdos que someten al país a tribunales extranjeros.
Myrina Bregman, referente de izquierda, expresó su más enérgico repudio al fallo emitido por la jueza Loretta Preska desde la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que ordena a la Argentina pagar una millonaria indemnización por la nacionalización de YPF. “Este fallo es una injerencia inaceptable sobre la soberanía nacional. Repudiable”, afirmó.
La dirigente sostuvo que el origen del conflicto radica en una serie de negociados vinculados a la privatización y posterior renacionalización de la petrolera, y que los verdaderos responsables son quienes se beneficiaron económicamente en ese proceso. “Las estafas no se pagan. Lo que ya se llevaron fue de arriba. REPSOL, los bancos, los fondos buitre y empresarios involucrados deberían indemnizar a nuestro país, no al revés”, declaró.
Bregman también planteó que YPF debería ser una empresa estatal en su totalidad, gestionada de forma directa por sus trabajadores y técnicos, sin participación de capitales privados. “Nunca se les debió haber pagado ni un peso. Lo que correspondía era una nacionalización sin indemnización”, remarcó.
Además, advirtió sobre la creciente extraterritorialidad de las cortes estadounidenses: “Hay una tendencia cada vez más potente de los tribunales de EE.UU. de expandir su competencia internacional, metiéndose en decisiones soberanas de los países del Sur Global”.
En su análisis, trazó un recorrido histórico del sometimiento legal argentino a la jurisdicción extranjera, señalando que comenzó con decretos del dictador Onganía y fue profundizado por la dictadura militar de 1976, que modificó la legislación para permitir la intervención de tribunales internacionales en conflictos económicos. “En 1981 se dio otro paso regresivo, eliminando incluso la defensa de inmunidad soberana”, denunció.
La crítica se extiende a los tratados y leyes sancionados en democracia, como los Tratados Bilaterales de Inversión, las privatizaciones y, recientemente, el RIGI aprobado por el Congreso en el actual gobierno de Javier Milei, con apoyo de sectores del radicalismo y el peronismo. “Todo este entramado legal entrega la jurisdicción nacional a cortes extranjeras como el CIADI, tribunales del Reino Unido y cortes de EE.UU.”, cuestionó.
Por eso, concluyó que el problema no pasa por el grado de “arrodillamiento” ante el poder financiero global, sino por una necesidad urgente de ejercer soberanía real. “Una verdadera medida de defensa nacional implica declarar la nulidad absoluta de toda prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales o judiciales extranjeros”, sentenció.
