Advierten que el veto presidencial no corrige una ley con vicios de constitucionalidad
El abogado constitucionalista Juan Sola alertó que las leyes recientemente aprobadas en el Senado podrían ser objetadas no solo por el presidente Milei mediante el veto, sino también por la Justicia, al considerar que presentan irregularidades tanto de forma como de contenido. “El veto presidencial no legitima una norma irregular, por el contrario, la desautoriza”, sostuvo, y planteó que incluso si el Poder Ejecutivo decide vetarlas, eso no impide que el caso llegue a tribunales.
Durante una entrevista con Canal E, Sola explicó que los proyectos que buscan redefinir la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) aún no son leyes plenas, ya que cuentan solo con media sanción. Sin embargo, advirtió que su avance legislativo ya genera preocupación por los vicios en su procedimiento parlamentario y por su impacto fiscal. “El veto no excluye la vía judicial, sino que puede ser parte del mismo razonamiento jurídico y político”, señaló.
Según el jurista, el procedimiento legislativo estaría viciado según los reglamentos internos de ambas cámaras, lo que habilita su impugnación constitucional. Además, advirtió que el contenido de las reformas podría violar principios básicos de estabilidad económica. “Hay normas que comprometen la estabilidad del país, lo cual también es inconstitucional”, remarcó, y recordó que toda ley con impacto presupuestario debe especificar la fuente de financiamiento, tal como exige la Ley de Administración Financiera.
Sola también cuestionó la tentativa de coparticipar el impuesto a los combustibles, alertando que perjudicaría a las provincias con mayor actividad económica. En ese sentido, señaló que se trata de una medida desequilibrada que podría aumentar la tensión fiscal entre distritos. También mencionó que el uso extendido y discrecional de los adelantos del Tesoro Nacional desnaturaliza su función original, pensada para emergencias puntuales.
Finalmente, el especialista vinculó el impulso de estas reformas a una lógica electoral más que institucional. “Estamos en un escenario de campaña, y hay apuro en algunos sectores del Congreso por tomar decisiones antes de octubre”, dijo. A pesar de los sólidos argumentos jurídicos, advirtió que el Poder Judicial suele ser reticente a intervenir en disputas entre poderes del Estado, aunque dejó claro que, ante una amenaza a la supremacía constitucional, la intervención judicial no solo es posible, sino obligatoria.
