Cristina Fernández de Kirchner fue eximida de pagar 22.300 millones en la causa Vialidad

La Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal confirmó la caducidad de la acción civil iniciada por el Estado, que reclamaba un resarcimiento millonario a la expresidenta.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner no deberá pagar los 22.300 millones de pesos que el Estado le reclamaba en una demanda civil por presunto perjuicio económico en la causa Vialidad. La definición fue adoptada por la Sala III de la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal, que ratificó en fallo dividido la caducidad del proceso debido a la falta de impulso por parte del Gobierno nacional. La decisión también alcanza al resto de los condenados en la causa, en la que un tribunal había impuesto a la exmandataria una pena de 12 años sin pruebas directas en su contra.
La acción civil había sido presentada el 25 de enero de 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, con el objetivo de obtener un resarcimiento por supuestos daños al patrimonio público en la adjudicación y ejecución de obras en Santa Cruz. Sin embargo, los abogados de Cristina sostuvieron que el expediente había quedado paralizado durante más de seis meses, lo que derivó en su cierre definitivo según lo establecido por el Código Procesal Civil y Comercial.
El juez de primera instancia, Marcelo Dos Santos, había dado lugar a este planteo al considerar que entre marzo de 2023 y abril de este año la representación de Vialidad prácticamente no realizó movimientos procesales. El actual titular del organismo, Marcelo Campoy, apeló la decisión, pero la Cámara terminó confirmando lo resuelto.
Los jueces Juan Perozziello Vizier y Eduardo Daniel Gottardi coincidieron en que el último acto procesal relevante se produjo el 17 de marzo de 2023, y que desde entonces no hubo avances. En disidencia, la camarista Florencia Nallar advirtió que dar por terminado un juicio de esta manera constituye una medida extrema que debe aplicarse con cautela para evitar que se convierta en un artificio que impida un pronunciamiento sobre el fondo del pleito.