ONU ordena suspender desalojo y reurbanizar la Villa 15
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales condenó al Estado argentino por violar el derecho a la vivienda de seis familias y pidió medidas para garantizar su protección y reurbanización.
El Comité DESC de la ONU condenó al Estado argentino por violar el derecho a la vivienda de seis familias que habitan la Villa 15 (Ciudad Oculta) en la Ciudad de Buenos Aires, ordenó suspender su desalojo y solicitó la reurbanización del barrio. En su dictamen, el Comité destacó que el proceso judicial se desarrolló sin considerar la vulnerabilidad extrema de estas familias y sin ofrecerles alternativas habitacionales seguras, lo que las habría dejado a la intemperie.
Las seis familias afectadas, conformadas por 26 personas —entre ellas 11 niñas, niños y adolescentes y 7 personas con discapacidad— enfrentan un proceso de desalojo que se prolonga desde hace más de 10 años. Dos fallos judiciales, uno de primera instancia y otro de Cámara, ordenaron su desalojo. Ante esta situación, las familias, con el apoyo legal del Centro para una Justicia Igualitaria y Popular (CEJIP), presentaron un reclamo ante el Comité DESC.
En 2020, el Comité había emitido una medida provisional para suspender el desalojo. Sin embargo, en 2022, la Sala H de la Cámara Nacional en lo Civil desconoció esa decisión, motivo por el cual el CELS se presentó como amicus curiae ante el tribunal. Esta semana, el Comité emitió su dictamen de fondo, finalizando el procedimiento internacional y condenando a la Argentina por incumplir tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.
Además de la suspensión del desalojo, el Comité exigió al Estado que garantice vivienda estable y segura para las familias y que implemente un plan integral de reurbanización y regularización en la Villa 15. También recomendó reformas en la normativa sobre desalojos y la elaboración de protocolos judiciales específicos para estos casos.
La decisión refuerza la obligación del Estado argentino de proteger los derechos sociales de las personas en situación de vulnerabilidad y subraya que los tres poderes deben respetar las decisiones de los organismos internacionales de derechos humanos.
