La Provincia avanza en la recuperación de viviendas y refuerza los controles



El Ministerio de Vivienda, Tierras y Hábitat Social recuperó una vivienda adjudicada en la ciudad Capital que había sido vendida de manera irregular, en el marco de los controles habituales de ocupación y seguimiento



El Gobierno provincial continúa fortaleciendo los mecanismos de control sobre las unidades habitacionales adjudicadas y logró recuperar una vivienda que había sido entregada meses atrás y posteriormente vendida a terceros tras el fallecimiento de su titular. La irregularidad fue detectada durante las verificaciones de rutina realizadas por el área de Vivienda, lo que motivó la apertura de un expediente administrativo para investigar la situación.

Durante el proceso se constató que el ex adjudicatario había avanzado con una venta ilegal del inmueble, una operación que carece de cualquier validez legal. También se comprobó que la vivienda había sido adquirida por la familia Mercado–Álamo, quienes abonaron un monto de dos millones de pesos para acceder al inmueble, desconociendo que la transacción no tenía sustento normativo.

Ante esta situación, el Ministerio radicó la denuncia correspondiente y avanzó con el pedido de recupero judicial del bien, con el objetivo de resguardar el patrimonio social y asegurar que las viviendas cumplan la función para la que fueron destinadas.

El ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat Social, Ariel Puy Soria, remarcó que la cartera está decidida a recuperar todas las unidades habitacionales obtenidas de manera irregular y llamó a la ciudadanía a denunciar estos hechos. Señaló que este tipo de maniobras “convierten el esfuerzo de todos en el negocio de unos pocos” y advirtió que no se permitirá que las viviendas sociales sean utilizadas con fines comerciales.

Puy Soria reafirmó el compromiso de proteger los bienes del Estado y recordó que el Ministerio actúa tanto ante ventas ilegales de tierras como frente a casos en los que las viviendas adjudicadas se ofrecen para la venta o alquiler sin autorización. Subrayó que se trata de prácticas sin escrúpulos que intentan convertir una inversión social en un negocio financiero, algo que la gestión no tolerará bajo ningún aspecto.

Redacción Infolar y Digital Norte