Por quinta vez, la Cámara de Diputados frenó las intenciones del Gobierno nacional de avanzar sobre derechos garantizados por ley y sostuvo los fondos para las universidades públicas y las personas con discapacidad en el Presupuesto 2026.
En una sesión clave, la Cámara de Diputados puso un límite a las intenciones del Poder Ejecutivo y rechazó el Capítulo XI del Presupuesto 2026, donde el Gobierno buscaba introducir de manera encubierta la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad. La votación concluyó con 123 votos negativos, 117 afirmativos y 2 abstenciones, marcando un nuevo revés para la estrategia oficial.
La decisión fue interpretada como un rechazo absoluto a lo que distintos bloques calificaron como maniobras ilegales para avanzar sobre derechos conquistados. Tanto el sostenimiento de las universidades públicas como el acompañamiento a las personas con discapacidad cuentan con respaldo legal vigente, producto de leyes sancionadas e insistidas por el propio Congreso, que no pueden ser anuladas a través del presupuesto.
Desde el recinto se remarcó que estos sectores no pueden ser considerados una variable de ajuste para alcanzar el equilibrio fiscal y que cualquier intento de derogación debe ser debatido de forma transparente, mediante los mecanismos legislativos correspondientes.
La votación reflejó, una vez más, la resistencia del Congreso frente a lo que fue señalado como un nuevo atropello institucional del Poder Ejecutivo. En ese marco, legisladores destacaron que primó la coherencia y la defensa del Estado de derecho, reafirmando el rol del Parlamento como garante de las leyes y de los derechos sociales.