Confirmaron el procesamiento del gendarme que le disparó a Pablo Grillo durante una manifestación



La Cámara Federal ratificó por unanimidad el procesamiento de Héctor Guerrero por lesiones gravísimas y también alcanzó a un prefecto por otro caso ocurrido en la misma protesta.



La Cámara Federal confirmó este viernes el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero por el delito de lesiones gravísimas contra el fotoperiodista Pablo Grillo, quien resultó herido durante la represión policial ocurrida el pasado 12 de marzo en las inmediaciones del Congreso. La decisión fue adoptada por unanimidad por los camaristas Eduardo Farah, Martín Ururzun y Roberto Boico.

En la misma resolución, el tribunal también procesó al efectivo de la Prefectura Naval Sebastián Martínez, acusado de haber disparado a la altura de los ojos del manifestante Jonathan Navarro, provocándole la pérdida de un ojo durante la misma jornada de protesta.

Los hechos se produjeron en el marco de una movilización de jubilados realizada el miércoles 12 de marzo en la Plaza de los Dos Congresos, en rechazo a las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno del presidente Javier Milei. Según se detalla en la causa, esa manifestación se caracterizó por un fuerte despliegue de fuerzas de seguridad, ordenado por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Confirmaron el procesamiento de Héctor Guerrero, el gendarme que le disparó a Pablo Grillo

Durante el operativo, el cabo Guerrero disparó una granada de gas lacrimógeno contra los manifestantes, la cual impactó en la cabeza de Pablo Grillo y le provocó una fractura de cráneo. En paralelo, y en otro sector de la plaza, el prefecto Martínez efectuó un disparo similar que alcanzó a Jonathan Navarro a la altura del rostro. Si bien el manifestante logró retirarse asistido por otras personas, posteriormente se confirmó la pérdida de uno de sus ojos como consecuencia de la lesión.

Con la confirmación del procesamiento, la Cámara Federal avaló lo resuelto en primera instancia y la causa continuará su curso judicial para determinar las responsabilidades penales de los efectivos involucrados en los hechos.

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Redacción Infolar y Digital Norte