El Gobierno concentra poder en la SIDE y oscurece la inteligencia nacional
Sin pasar por el Congreso, el Ejecutivo modifica la Ley de Inteligencia y otorga mayores facultades operativas al sistema, mientras define todas las actividades como encubiertas y refuerza el secretismo del sector.
En la última noche de 2025, el Poder Ejecutivo dictó un decreto de necesidad y urgencia que reformula de manera integral la Ley de Inteligencia Nacional (25.520) mediante una reorganización completa del sistema de inteligencia. El decreto centraliza el control en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), amplía las facultades operativas de los organismos del sector y define todas las actividades como “encubiertas”, incorporando el concepto de “riesgo estratégico nacional” para guiar el funcionamiento del sistema.
La SIDE pasa a conducir directamente todo el Sistema de Inteligencia Nacional, con control discrecional sobre los presupuestos del área, incluidos los gastos reservados. Además, tendrá la facultad de requerir información a todos los organismos del Estado nacional, a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como de aprehender personas en flagrancia o por orden judicial.
El DNU 941/25, firmado por el presidente Javier Milei pero aún no publicado en el Boletín Oficial, reconvierte la Agencia de Seguridad Nacional en la nueva Agencia Nacional de Contrainteligencia, con funciones amplias que abarcan espionaje, sabotaje, injerencia externa y operaciones de influencia que puedan afectar el orden constitucional o los intereses estratégicos del país, quedando casi todas bajo la órbita de la SIDE.
En el ámbito digital, el decreto separa ciberseguridad de ciberinteligencia. Se crea el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), bajo la Jefatura de Gabinete, mientras que la ex Agencia Federal de Ciberseguridad se transforma en Agencia Federal de Ciberinteligencia, dependiente de la SIDE y enfocada exclusivamente en inteligencia en el ciberespacio. Esta reorganización refleja además tensiones internas dentro del oficialismo entre los sectores que responden a Karina Milei y Santiago Caputo.
El decreto define expresamente que todas las actividades de inteligencia revisten carácter encubierto, con el objetivo de minimizar el riesgo estratégico nacional, y crea dos ámbitos de coordinación: la Comunidad de Inteligencia Nacional, que integra a todos los organismos de espionaje y áreas especializadas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y la Comunidad Informativa Nacional, que agrupa a ministerios y organismos con capacidad de generar información estratégica. La SIDE queda a cargo de organizar, coordinar y supervisar la provisión de información.
El texto también regula la protección de instalaciones, bienes y empleados del sistema, establece la reasignación de personal de organismos modificados o disueltos y asegura la continuidad funcional de las estructuras existentes durante el proceso de reorganización.
Las primeras críticas surgieron de legisladores de distintos espacios. El diputado Esteban Paulón advirtió que el decreto “generaliza un estado de sospecha y transfiere competencias sensibles a áreas bajo el control de Karina Milei”, mientras que Ricardo Alfonsín expresó su preocupación por la modificación nocturna de la ley. Jorge Taiana señaló que se trata de “una ampliación de funciones y misiones de la inteligencia, dando marco legal a lo que ya se hace y a lo que se pretende hacer”, y alertó que esto podría derivar en un “Estado policial que recortará derechos y controlará a opositores”. Taiana agregó que la autonomía otorgada a las Fuerzas Armadas en inteligencia militar subordinada al área de seguridad convierte a las FFAA en auxiliares de las fuerzas de seguridad.
El decreto 941/25 abre un nuevo capítulo en la historia de la inteligencia argentina, con un sistema más centralizado y reservado, mientras se multiplican las tensiones políticas y jurídicas sobre el alcance de sus facultades y el impacto sobre los derechos civiles.
Redacción Infolar y Digital Norte
