El Gobierno de La Rioja exige la actualización obligatoria de datos para contratados del Estado
La medida alcanza a personas vinculadas mediante contratos de locación de servicios y deberá completarse de manera digital hasta el 30 de abril de 2026.
El Gobierno de la provincia de La Rioja dispuso la actualización obligatoria de datos para todas las personas que prestan servicios bajo la modalidad de Contrato de Locación de Servicios en la Administración Pública Provincial, en el marco del Decreto N° 178/2026.
La disposición abarca a trabajadores de las distintas áreas que integran el Estado provincial, tanto en su estructura centralizada como descentralizada, con el objetivo de contar con información actualizada, completa y organizada sobre el personal contratado.
El proceso será coordinado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, a través de la Subsecretaría de Gestión del Capital Humano, organismo encargado de llevar adelante la implementación del sistema de registro.
La actualización deberá realizarse de manera digital mediante la plataforma oficial habilitada para tal fin. Allí, cada persona contratada tendrá que completar información vinculada a su formación profesional, capacitaciones, habilidades, antecedentes laborales y los aportes realizados en el desarrollo de sus funciones dentro de la administración pública.
Los datos consignados tendrán carácter de declaración jurada y deberán ser respaldados con documentación digitalizada, incluyendo DNI, certificado de domicilio y constancias de estudios secundarios o profesionales. Los archivos podrán cargarse en formato JPG o PDF, siempre que sean legibles y completos.
El plazo para cumplir con este requisito se extiende hasta el 30 de abril de 2026. Desde el Ejecutivo provincial advirtieron que el trámite es obligatorio y que su incumplimiento podría derivar en la suspensión del contrato y su posterior revisión administrativa.
En ese marco, también se solicitó a las autoridades administrativas de cada organismo que difundan la medida entre el personal a su cargo, con el fin de garantizar el cumplimiento del procedimiento.
La iniciativa forma parte de un proceso de ordenamiento y fortalecimiento de la gestión del capital humano en el ámbito estatal, orientado a optimizar la información disponible sobre las capacidades, formación y desempeño de quienes trabajan en el sector público.
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