Gremio de ANSES denuncia presiones para aceptar retiros voluntarios y alerta por la estabilidad laboral
Desde SECASFPI cuestionaron los programas de desvinculación impulsados en el organismo previsional y advirtieron que no se trataría de decisiones genuinamente voluntarias en un contexto de reclamos salariales.
El Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de la Seguridad Social (SECASFPI) expresó su preocupación por la implementación de programas de retiro “voluntario” dentro de la ANSES, al considerar que estas medidas se dan en medio de un escenario de conflicto salarial y podrían implicar presiones sobre el personal.
A través de un comunicado oficial, el gremio señaló que mientras los trabajadores exigen la reapertura de paritarias y una recomposición salarial acorde al contexto económico, la respuesta del Gobierno nacional se centra en mecanismos de desvinculación laboral.
En ese sentido, desde la organización sindical advirtieron que la situación salarial del sector contrasta con lo que consideran un uso discrecional de los recursos públicos por parte de algunos funcionarios. “Mientras exigimos salarios dignos, vemos cómo se destinan fondos a privilegios que no responden a las necesidades de la sociedad”, manifestaron desde la conducción nacional del sindicato.
Uno de los principales cuestionamientos apunta al carácter de los retiros ofrecidos. Según indicaron, lejos de ser decisiones libres, estos programas estarían condicionados por el contexto económico y laboral. “Se presenta como voluntario, pero en realidad es el resultado de una presión económica y emocional sobre los trabajadores, que se ven empujados a aceptar condiciones que en otro escenario no aceptarían”, afirmaron.
Asimismo, el comunicado también pone el foco en el rumbo de la política económica y la falta de medidas orientadas a fortalecer el empleo y la producción, aspectos que consideran clave para sostener el funcionamiento del organismo y garantizar la calidad del servicio.
Finalmente, desde SECASFPI remarcaron la necesidad de implementar políticas públicas que protejan el trabajo y el poder adquisitivo, al tiempo que ratificaron la continuidad de sus reclamos gremiales en defensa de los trabajadores del sector.
