Bullrich habilitó a la Policía Federal a hacer ciber-patrullajes y requisas sin orden judicial
Una resolución firmada por el presidente Milei y la ministra de Seguridad permite a la Federal actuar en redes sociales y realizar inspecciones en la vía pública sin intervención de la Justicia. Organismos de derechos humanos alertaron sobre el retroceso en garantías constitucionales.
Este martes se publicó en el Boletín Oficial un decreto que modifica las atribuciones de la Policía Federal, autorizándola a realizar tareas de ciber-patrullaje y requisas sin necesidad de orden judicial. La medida, impulsada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y firmada por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, fue presentada como una reforma para modernizar a la fuerza, tomando como referencia modelos del FBI.
La nueva normativa faculta a la Federal a monitorear redes sociales, sitios web públicos y cualquier espacio digital abierto “sin autorización judicial”, con el argumento de prevenir delitos federales complejos. También permite inspeccionar personas, vehículos y espacios públicos ante la presunción de delitos, sin que medie orden de un juez.
El decreto despertó fuertes críticas por parte de especialistas y organizaciones de derechos humanos, que advirtieron sobre un posible uso arbitrario y represivo de estas herramientas. “Es un ciber-patrullaje recargado, que recuerda prácticas ya utilizadas en el pasado para criminalizar la protesta”, señaló la abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).
Entre los puntos más polémicos, también se incluye la posibilidad de detener a una persona hasta diez horas si no puede acreditar su identidad y se presume que cometió o podría cometer un delito. La intervención “espontánea” de la fuerza en delitos flagrantes por orden del Ministerio de Seguridad también genera preocupación: podría habilitar el ingreso a espacios políticos o manifestaciones sin orden judicial.
La exministra de Seguridad Sabina Frederic cuestionó con dureza la resolución. “Este decreto otorga facultades que exceden el marco constitucional y elimina controles esenciales sobre las fuerzas de seguridad”, advirtió.
La medida, además, reformula el escalafón interno de la Policía Federal, reduciendo progresivamente la incorporación de suboficiales y estableciendo un sistema de formación orientado a profesionales universitarios.
Con esta nueva resolución, el Gobierno suma otra reforma estructural que evita el debate parlamentario y avanza por decreto en un terreno delicado: el de los derechos y garantías individuales.
