Crece el rechazo al proyecto de modificación de la Ley de Glaciares y ya hay casi 35 mil inscriptos para la audiencia pública

Las audiencias se realizarán el 25 y 26 de marzo en la Cámara de Diputados. Legisladores y distintos sectores expresaron cuestionamientos al proyecto y pidieron mantener la normativa vigente que protege estos ecosistemas.

El debate por la posible modificación de la Ley de Glaciares de Argentina suma cada vez más participantes y cuestionamientos. Según se informó, cerca de 35 mil personas ya se inscribieron para participar de las audiencias públicas que se realizarán el 25 y 26 de marzo en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, en el marco del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales.

El número de inscriptos podría seguir creciendo, ya que el plazo para anotarse se mantiene abierto hasta el 20 de marzo. Mientras tanto, distintos sectores políticos y sociales continúan analizando el proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado de la Nación Argentina.

Algunos legisladores de la oposición solicitaron extender la cantidad de jornadas previstas para garantizar que todos los interesados puedan exponer. Sin embargo, desde el oficialismo indicaron que el cronograma no se modificará, aunque aseguraron que se garantizará la participación de todas las voces.

En este contexto, un grupo de diputados mantuvo una reunión con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, el arzobispo Marcelo Daniel Colombo. Del encuentro participaron, entre otros, los legisladores Adriana Serquis, Juan Grabois, Eduardo Valdés, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Esteban Paulón y Juan Brügge.

Durante la reunión, distintos sectores plantearon la necesidad de preservar la normativa vigente que protege los glaciares, al considerar que permite compatibilizar el desarrollo de actividades productivas con el cuidado del ambiente.

La diputada Serquis señaló que desde el ámbito eclesiástico se remarcó la importancia de escuchar a los sectores que podrían verse afectados por una eventual modificación de la ley. En ese sentido, sostuvo que la defensa de los glaciares implica proteger el agua, la vida y el futuro del país.

Por su parte, Ferraro afirmó que la actual ley constituye una política de Estado con amplia legitimidad democrática y recordó que fue resultado de un extenso debate público y parlamentario, acompañado por movilización social y acuerdos entre distintos sectores políticos.

El legislador también destacó que el Inventario Nacional de Glaciares se encuentra finalizado y representa una base científica sólida reconocida a nivel internacional. Según advirtió, la modificación propuesta podría implicar un retroceso en los estándares de protección ambiental establecidos por la legislación vigente.

Otro de los puntos planteados durante el debate es el posible impacto interjurisdiccional de las decisiones sobre recursos naturales. En ese sentido, Brügge sostuvo que una provincia no puede resolver por sí sola sobre recursos que tienen efectos en otras jurisdicciones, ya que el orden federal debe ser garantizado por el Estado nacional.

De esta manera, el debate en torno a la Ley de Glaciares continúa generando fuerte interés público y político, mientras se espera que las audiencias públicas permitan escuchar a especialistas, organizaciones y ciudadanos antes de que el proyecto avance en el tratamiento legislativo.