El Gobierno busca una reforma laboral que elimina juicios y limita derechos
Tras el triunfo electoral y con mayor respaldo en el Congreso, el Gobierno de Javier Milei avanza con un nuevo intento de reforma laboral que incluye la eliminación de juicios laborales, la flexibilización de contratos y la restricción de las negociaciones paritarias.
Luego del resultado favorable en las elecciones legislativas, el Gobierno nacional prepara una segunda etapa de reformas laborales con el objetivo de reestructurar el sistema de trabajo en Argentina. Según lo expresado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, el proyecto contempla la eliminación de las paritarias, reemplazadas por “negociaciones libres”, el fin de la indemnización por despido, la imposibilidad de iniciar juicios laborales, la supresión de los convenios colectivos de trabajo y la posibilidad de elegir la moneda en la que se percibe el salario.
La propuesta también apunta a transformar el empleo formal, acercándolo a la modalidad de monotributista, de manera que un trabajador sea considerado registrado si emite facturas mensuales en lugar de recibir un recibo de sueldo.
Durante un plenario de comisiones en el Congreso, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, adelantó que el Gobierno pretende que los aumentos salariales se negocien en base al mérito individual y no a acuerdos colectivos.
El exministro de Trabajo, Carlos Tomada, advirtió sobre las consecuencias de esta iniciativa. “Nada bueno puede esperarse de un Gobierno que ratifica su rumbo de ajuste sobre los más débiles”, expresó. A su vez, señaló que la informalidad laboral no se resuelve con reformas de este tipo y que las experiencias previas en el país han demostrado su ineficacia.
La abogada laboralista Laura Sasprizza calificó la medida como “peligrosa” y sostuvo que representa un intento de completar lo que el Ejecutivo no logró implementar con la Ley Bases. Según explicó, el Gobierno aprovecharía su actual fortaleza política para impulsar cambios estructurales en las relaciones laborales y reducir el rol de los sindicatos.
En paralelo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) incluyó dentro de sus recomendaciones una serie de reformas estructurales, entre ellas una reforma tributaria, modificaciones al sistema previsional, la eliminación de fondos fiduciarios y la modernización de la legislación fiscal, medidas que el Gobierno podría considerar en su paquete de cambios.
Con este nuevo impulso, el oficialismo busca avanzar hacia una mayor desregulación del mercado laboral, aunque especialistas advierten que el costo social podría ser elevado y recaer principalmente sobre los trabajadores.
