El Gobierno confirmó a la Mesa de Enlace que avanzará con jubilaciones compulsivas y retiros voluntarios en el INTA



Durante una reunión en la Exposición Rural de Palermo, autoridades del Gobierno nacional informaron a la Mesa de Enlace que continuarán las medidas de ajuste en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), incluyendo jubilaciones compulsivas, un plan de retiros voluntarios y el cierre de unidades territoriales.



En el encuentro, representantes del Ejecutivo detallaron que ya se concretó una reducción del 80 % en las Direcciones Nacionales, la eliminación del cargo de Jefe de Grupo, el cierre de 41 Agencias de Extensión Rural (AER) y la clausura total de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) AMBA, que incluye 9 agencias y 29 oficinas técnicas. Además, se confirmó la venta del edificio histórico de Cerviño, la rescisión de alquileres en CABA y el proceso de remate de 600 vehículos oficiales.

El proceso continuará a partir del 1° de agosto con la revisión de agentes en edad jubilatoria y la apertura de un plan de retiros voluntarios por 30 días. También se eliminaron 75 plataformas y redes institucionales y se concretó la cesión de tierras en Cerrillos, Salta.

Por parte del Gobierno participaron el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta; el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich; el subsecretario de Producción Agropecuaria, Manuel Chiappe; y otros funcionarios. En representación del agro asistieron Nicolás Pino (SRA), Andrea Sarnari (FAA), Carlos Castagnani (CRA) y Lucas Magnano (Coninagro).

Frente a estas medidas, la Asociación del Personal del INTA (Apinta), ATE y la Mesa Agroalimentaria Argentina advirtieron que la reforma, establecida por el Decreto 462/2025, pone en riesgo el patrimonio público, la estabilidad de miles de trabajadores calificados y la presencia territorial del organismo. Los gremios solicitaron al Congreso que derogue la normativa y presentaron un amparo judicial para frenar los despidos y cesantías, alegando que la transformación del INTA en un organismo desconcentrado representa una “disolución de hecho” y viola normas constitucionales.

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