El Gobierno lanza fondos voluntarios para reemplazar la indemnización laboral tradicional

El Gobierno nacional avanzó en una reforma clave al publicar este lunes el marco regulatorio para los nuevos fondos de cese laboral, una herramienta que podrán utilizar empresas y trabajadores como alternativa a las indemnizaciones por despido.
La medida, oficializada a través de la Resolución General 1071/2025 de la Comisión Nacional de Valores (CNV), establece las reglas para la creación de los llamados Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral. Estos fondos permitirán acumular aportes voluntarios destinados a cubrir compensaciones por desvinculación, reemplazando el modelo tradicional de indemnización por antigüedad.
La iniciativa fue impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y quedó habilitada por el artículo 96 de la Ley Bases. El funcionario remarcó que la participación es completamente voluntaria, tanto para empresas como para empleados. “Solo con esa condición sabemos que será beneficioso para ambas partes”, afirmó.
El sistema contempla dos modalidades: Fondos Comunes de Inversión (FCI) y Fideicomisos Financieros (FF). En ambos casos, los aportes pueden ser pactados en convenios colectivos, en montos fijos o como porcentaje del salario, y pueden ser realizados por empleadores, trabajadores o ambos.
Estos fondos tendrán características especiales: serán inembargables, estarán supervisados por la CNV, no podrán invertir en instrumentos emitidos por las empresas involucradas y deberán evitar concentraciones sectoriales superiores al 30% de su patrimonio.
Entre los requisitos, se establece la transparencia en los mecanismos de pago, la actualización mensual de la información para los trabajadores y la obligatoriedad de incluir la leyenda “Cese Laboral” en su denominación.
El objetivo del Gobierno es fomentar un sistema previsional privado de respaldo ante ceses laborales, que opere bajo reglas del mercado y alejado de modelos sindicales o estatales. La iniciativa, sin embargo, ya genera debate sobre su alcance real, la desigualdad entre sectores y el posible impacto en los derechos laborales vigentes.