La ANDIS cerró centros de integración y miles de niños con discapacidad quedaron sin apoyo escolar

Organizaciones denuncian que al menos diez instituciones fueron dadas de baja tras auditorías cuestionadas, lo que deja a más de cinco mil chicos y chicas sin acompañamiento terapéutico en las escuelas.

El escándalo por los audios que revelaron presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) avanza en paralelo al cierre de centros de integración escolar. Según denuncian desde el sector, al menos una decena de instituciones perdió la categorización que les permitía trabajar con obras sociales, lo que deja a más de cinco mil niños y adolescentes sin el acompañamiento de profesionales integradores.

Las bajas se produjeron tras auditorías que, de acuerdo con los afectados, fueron arbitrarias y carecieron de sustento normativo. En algunos casos se alegó la ausencia de legajos en papel o supuestas fallas en las historias clínicas, pese a que la documentación estaba en formato digital. Entre las notificaciones figura la firma de Diego Spagnuolo, exfuncionario desplazado de la ANDIS luego de la difusión de los audios, a quien muchos consideran el “chivo expiatorio” del Gobierno.

Profesionales, familias y prestadores coinciden en señalar el impacto de estas resoluciones. Cecilia Junqueira, directora de Equipo Construyendo, explicó que sin la categorización los centros quedan fuera del listado habilitado para trabajar con obras sociales. “Eso significa que más de cinco mil chicos y chicas quedan sin integrador en las escuelas. Las familias están angustiadas porque a esta altura del año es muy difícil conseguir otro centro”, afirmó.

El golpe también se siente en lo económico. Una integradora que trabaja a diario con un niño de nivel inicial percibe unos 310 mil pesos mensuales, cifra que para muchas familias es imposible de afrontar sin cobertura. “Es una miseria para los profesionales, pero un gasto inalcanzable para quienes de un día para otro deben pagarlo de su bolsillo”, relató una madre afectada.

La angustia se hizo visible este lunes frente a la sede central de la ANDIS, donde se realizó una concentración y radio abierta. “Estamos hablando de más de diez centros cerrados, más de cinco mil niños sin apoyos y más de cinco mil trabajadores en la calle”, denunció Rocío Librandi, del colectivo Prestadores Precarizados. Además, cuestionó que las auditorías se utilicen como excusa para avanzar en un ajuste que “vacía” el sistema de atención a la discapacidad.

Mientras tanto, las familias exigen respuestas inmediatas. “No puedo aceptar que la lucha de mi hijo y de tantos otros se vea arrasada por decisiones que solo miran números. El Estado, que debería protegerlos, es el mismo que los abandona”, expresó entre lágrimas Camila Falbo, madre de un niño con discapacidad que perdió su acompañante integrador.

Hasta el cierre de esta nota, la ANDIS no había informado la cantidad exacta de centros dados de baja ni las alternativas que tendrán las familias para garantizar la continuidad escolar de sus hijos. La incertidumbre crece y la sensación de abandono se multiplica entre quienes dependen del sistema para sostener derechos básicos.