La Justicia ordena a Luis Caputo entregar en cinco días el expediente completo del acuerdo con el FMI
El fallo de un juez federal obliga al Ministerio de Economía a entregar toda la documentación vinculada al crédito de 20.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional.
La Justicia federal de Dolores resolvió que el ministro de Economía, Luis Andrés Caputo, deberá entregar en un plazo de cinco días hábiles el expediente completo del DNU 179/2025, mediante el cual se aprobó un crédito por 20.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La medida alcanza también a todos los anexos, archivos embebidos y documentación vinculada.
La decisión fue tomada por el juez Martín Bava en el marco de un amparo presentado por la Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El magistrado remarcó que en una sociedad democrática “es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación”, en línea con la Ley de Acceso a la Información Pública (27.275), que garantiza el derecho de cualquier ciudadano a solicitar y obtener información del Estado sin necesidad de acreditar un interés específico.
El caso tuvo su origen el 27 de junio de 2025, cuando el abogado Francisco Verbic, junto con Leonel Bazan y Diego Morales, integrantes del CELS, impulsaron una acción de amparo contra el Estado Nacional y el Ministerio de Economía, acusando a la cartera que conduce Caputo de eludir la entrega del expediente del crédito con el FMI.
La resolución judicial advirtió que el ministerio intentó dilatar la respuesta bajo trámites administrativos y pedidos de prórroga, sin respetar la normativa vigente. En su fallo, Bava recordó que la Ley 27.275, aprobada en democracia y con amplio consenso, prevalece sobre cualquier reglamento de menor jerarquía y fija un plazo máximo de cinco días hábiles para la entrega de la información solicitada.
El juez también subrayó que la información pública no pertenece al Estado, sino a la sociedad, y que su acceso es un derecho ciudadano esencial para garantizar la transparencia y el control democrático de las decisiones gubernamentales, especialmente en lo referido a políticas económicas de gran impacto, como los acuerdos de financiamiento internacional.
