La ONU emitió un informe crítico sobre el gobierno de Javier Milei por abusos y violaciones a los derechos humanos
El Comité contra la Tortura advirtió por el uso desmedido de la fuerza en manifestaciones, los abusos policiales y el aumento de denuncias por torturas y malos tratos a personas detenidas.
El Comité contra la Tortura de la ONU (CAT) publicó un informe contundente que cuestiona con firmeza la política de seguridad del gobierno de Javier Milei. El documento, al que accedió de manera preliminar Página/12, expone una serie de preocupaciones que incluyen el uso excesivo de la fuerza durante marchas, detenciones prolongadas en comisarías, abusos policiales reiterados y un crecimiento sostenido de las denuncias por torturas y malos tratos en contextos de encierro.
El organismo también analizó las declaraciones del subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, quien en Ginebra negó el genocidio de la última dictadura y defendió la represión estatal a la protesta social. Lejos de coincidir con esa postura, la ONU señaló la falta de avances y el desmantelamiento de áreas dedicadas a investigar crímenes de lesa humanidad y preservar archivos fundamentales para la memoria histórica. Además, pidió que la Argentina garantice los recursos necesarios para continuar las investigaciones y asegurar la reparación de las víctimas y sus familias.
En su evaluación, el Comité expresó una profunda inquietud por el marco normativo con el que el Gobierno regula las intervenciones de las fuerzas de seguridad. Cuestionó la resolución 125/2024, que amplía el margen para el uso de armas de fuego; la resolución 704/2024 sobre armamento no letal, que no establece criterios claros para su uso; y la resolución 943/2023, conocida como el protocolo antipiquetes, que permite interpretaciones amplias y riesgosas sobre la flagrancia en cortes de ruta. También lamentó la falta de información oficial sobre quiénes toman decisiones clave y cómo se ejecutan estos operativos.
El informe advierte sobre episodios recientes de represión violenta, desde el uso indiscriminado de balas de goma y gases lacrimógenos hasta agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos. El Comité recordó, además, los hechos de 2023 en Jujuy, donde se denunciaron detenciones arbitrarias y uso de proyectiles cinéticos contra comunidades indígenas.
Otro eje de preocupación fueron los operativos de patrullas municipales en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad, donde se registraron abusos, detenciones sin orden judicial y hostigamientos a personas en situación de calle, incluso a menores de edad y a personas con problemas de salud mental o consumo problemático. El organismo mencionó también el caso de Octavio Buccafusco, asesinado en Vicente López, como ejemplo de los riesgos que presentan estas intervenciones.
El Comité dedicó un apartado a la situación de las personas detenidas en comisarías y cárceles del país. Señaló que muchas continúan retenidas durante meses en lugares que no están preparados para alojamientos prolongados, con condiciones deplorables: celdas sin ventilación, falta de luz natural, escasos recursos sanitarios, poco acceso a agua potable y demoras en la atención médica. La ONU alertó que las denuncias por torturas y malos tratos aumentaron desde 2024 y mencionó prácticas extremadamente graves como golpes, amenazas, simulacros de ahogamiento y abusos sexuales, particularmente en el penal de Piñero, en Santa Fe.
La preocupación también alcanzó el aumento de muertes bajo custodia, en su mayoría vinculadas a enfermedades, pero también por suicidios y homicidios. El organismo recordó que el Estado debe investigar cada caso con prontitud y de manera independiente.
El CAT destacó la situación de mujeres privadas de libertad y pidió mejorar los servicios de salud, garantizar una atención ginecológica adecuada y evitar toda forma de violencia obstétrica. También solicitó priorizar medidas alternativas a la prisión para embarazadas o mujeres con hijos pequeños.
En relación a la niñez, alertó por el elevado número de menores privados de libertad, las malas condiciones en los centros donde se alojan y el proyecto de ley que busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El Comité expresó su rechazo y recordó que esa medida contraviene estándares internacionales.
Finalmente, la Argentina deberá presentar en un año un informe detallando qué acciones implementó para abordar los puntos más críticos: detenciones prolongadas en dependencias policiales, violencia institucional, excesos en la represión de la protesta social y las denuncias por torturas y malos tratos.
Redacción Infolar y Digital Norte
