La trampa discursiva del ajuste: las falacias del Gobierno para justificar la crueldad económica

En medio de una creciente tensión institucional, el presidente Javier Milei endurece su narrativa y lanza acusaciones sin sustento contra el Congreso, mientras aplica un ajuste que castiga a los sectores más vulnerables y beneficia a los grupos más poderosos.

Tras una semana marcada por la derrota parlamentaria de su gobierno, Javier Milei utilizó la cadena nacional para redoblar su apuesta política y presentar un proyecto de ley que busca penalizar el déficit fiscal. En un discurso de 23 minutos, el presidente anunció que propondrá castigos a legisladores y funcionarios que aprueben presupuestos sin equilibrio financiero, además de prohibir que el Tesoro financie el gasto primario mediante emisión monetaria.

Milei volvió a culpar al Congreso de querer “quebrar la economía” e insistió en que los legisladores opositores promueven leyes sin explicar de dónde saldrán los recursos. Calificó esas decisiones como una amenaza directa al futuro del país y apeló a una metáfora electoral: “Tenemos que elegir entre la responsabilidad o el realismo mágico”.

El trasfondo de este mensaje es el reconocimiento de que el oficialismo ya no controla el Congreso y enfrenta meses de gobernabilidad compleja hasta diciembre. Por eso, el presidente busca trasladar a la ciudadanía la carga de decidir entre su modelo de ajuste o lo que presenta como el caos del gasto público sin respaldo.

Sin embargo, el principal argumento de Milei para justificar los vetos a proyectos sociales es, en sí mismo, una falacia. El mandatario asegura que las iniciativas parlamentarias no indican cómo se financiarán, pero en realidad, muchas de ellas sí lo hacen. Un ejemplo concreto es el aumento a jubilados y pensionados, que fue acompañado por seis mecanismos precisos para cubrir el costo fiscal, equivalentes al 0,72 % del PBI. Entre ellos, se incluyen la reasignación de fondos de la ex SIDE, la eliminación de beneficios fiscales para sectores de altos ingresos, y el uso de excedentes del fondo anticíclico.

Además, el costo total de las medidas vetadas representa una porción muy menor en comparación con otras erogaciones del Estado. Según el CEPA, el aumento a jubilados y bonos representa apenas el 22 % de las utilidades que el Banco Central transfirió al Tesoro en abril, o el 39 % del superávit fiscal acumulado entre enero y mayo. Cifras que evidencian que no se trata de un problema de falta de fondos, sino de una decisión política.

La narrativa oficial también omite que el superávit fiscal tan celebrado se logra, en gran medida, a través de la postergación o el recorte de derechos. En los últimos meses, los pagos de intereses de deuda superaron la inversión en seguridad social. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo de la moratoria previsional que permitiría jubilarse a 220 mil personas equivale apenas al 0,08 % del PBI, la mitad del superávit financiero del primer trimestre.

Otro caso es el de la Ley de Emergencia en Discapacidad, vetada por el Ejecutivo a pesar de que su costo fiscal representa solo el 0,3 % del PBI. Aprobada por amplia mayoría en el Senado, la norma busca compensar un ajuste que, en palabras de su autor Daniel Arroyo, refleja una deuda del Estado con las personas con discapacidad.

El contraste más evidente se da al observar el destino de los fondos públicos. Mientras se niega dinero para jubilados, salud y educación, el gobierno reduce impuestos a los sectores más poderosos. La eliminación del impuesto a los Bienes Personales alivió la carga a los patrimonios más altos. La baja de retenciones al agro y la minería implica pérdidas millonarias para el fisco. El recorte del impuesto PAIS afecta una de las principales fuentes de ingreso tributario.

En ese contexto, cobran sentido las palabras de Cristina Fernández de Kirchner: “Milei dice que no hay plata para los jubilados, para los discapacitados, para las universidades, pero en la Rural no le importa el superávit fiscal y le regala plata a los que más tienen”.

El gobierno construye un relato que apela a la escasez, pero aplica un ajuste selectivo. No hay plata, dice el presidente, pero elige a quién ajusta y a quién beneficia. La crueldad no es consecuencia del déficit, sino de una ideología que convierte la desigualdad en política de Estado.