Milei vetó las leyes de aumento jubilatorio y de emergencia en discapacidad
El Gobierno justificó la medida por razones fiscales, mientras mantiene beneficios impositivos para sectores de mayores ingresos.
Fuentes oficiales confirmaron este sábado que el presidente Javier Milei firmó los vetos a las leyes aprobadas por el Congreso que establecían un aumento para jubilaciones y la declaración de emergencia en discapacidad. Las resoluciones se publicarán en el Boletín Oficial el lunes, dentro de los plazos legales.
Aunque ambas leyes habían sido votadas en el Senado a comienzos de julio, el Poder Ejecutivo demoró la oficialización de los vetos como parte de una estrategia para evitar un rápido regreso del debate a la Cámara de Diputados, donde la oposición podría reunir los votos necesarios para revertir la decisión presidencial. Por ahora, no lo intentarán en la sesión del miércoles próximo.
El argumento del Gobierno es que ambas iniciativas son “fiscalmente inviables” dentro del plan de ajuste que busca eliminar el déficit público. El presidente ya había anticipado que vetaría cualquier norma que implicara un aumento del gasto del Estado.
En contraste, en los últimos días el Ejecutivo anunció una baja en las retenciones al sector agroexportador y en el pasado ya había recortado impuestos como Bienes Personales, Ganancias y el tributo a la transferencia de inmuebles, que benefician especialmente a los sectores de mayores recursos.
Mientras tanto, el oficialismo negocia con gobernadores y bloques aliados para evitar perder apoyo legislativo, ofreciendo recursos como Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y otros acuerdos con miras a las elecciones del 26 de octubre.
Los proyectos vetados incluían la Ley de Movilidad Jubilatoria, que proponía una fórmula de actualización combinada entre inflación y salarios, con un piso de incremento mensual. Por su parte, la ley de emergencia en discapacidad buscaba garantizar prestaciones básicas, transporte y atención integral, frente al recorte de fondos que afecta al sector y la discontinuidad de servicios denunciada por numerosas organizaciones.
