Preocupación por el nuevo estatuto de la Policía Federal: alertan por riesgos a derechos fundamentales
Por [Ana Gaby]
El reciente decreto 383/2025 aprobado por el Gobierno nacional, que establece un nuevo Estatuto para la Policía Federal Argentina, ha encendido alarmas en sectores políticos, jurídicos y sociales. Especialistas advierten que la normativa podría implicar un serio retroceso en materia de derechos y libertades fundamentales, al ampliar drásticamente las facultades de las fuerzas de seguridad sin los controles adecuados.
Puntos críticos y cuestionamientos constitucionales
El decreto, firmado el 14 de junio, introduce disposiciones que permiten detenciones sin orden judicial, requisas personales arbitrarias, espionaje digital encubierto y uso de fuerza letal bajo criterios vagos. Estas medidas han sido señaladas por expertos como potencialmente inconstitucionales.
Entre los aspectos más controvertidos se destacan:
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Detenciones arbitrarias: El estatuto habilita a la policía a detener personas por “sospechas” o por no portar documento de identidad, lo que contraviene el artículo 18 de la Constitución Nacional, que prohíbe detenciones sin orden escrita de autoridad competente.
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Requisas sin control judicial: Se faculta a los agentes a realizar requisas personales o vehiculares basadas únicamente en su “criterio”, abriendo la puerta a abusos de poder y vulneraciones al derecho a la privacidad.
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Vigilancia digital encubierta: El decreto autoriza el monitoreo de redes sociales y espacios digitales en nombre de la prevención del delito, sin orden judicial ni supervisión externa, lo que podría impactar sobre el derecho a la intimidad y la libertad de expresión.
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Concentración de poder policial: La eliminación de mecanismos de control civil y judicial sobre la actuación de las fuerzas de seguridad reduce significativamente las garantías para los ciudadanos frente a posibles excesos o arbitrariedades.
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Uso de la fuerza letal: Se amplían las condiciones bajo las cuales los agentes pueden hacer uso de armas de fuego, sin protocolos públicos ni lineamientos claros, lo que incrementa el riesgo de violaciones a los derechos humanos.
Casos hipotéticos que ilustran el impacto
Los críticos del decreto señalan que, de aplicarse sin correcciones, podrían generarse situaciones como las siguientes:
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Jóvenes detenidos por mera “sospecha”, sin pruebas ni contacto con un abogado.
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Requisas invasivas de vehículos y personas sin fundamento judicial.
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Vigilancia digital de activistas o ciudadanos por expresar opiniones críticas.
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Operativos de represión sin control ni sanciones ante abusos.
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Uso desproporcionado de armas de fuego en manifestaciones u operativos rutinarios.
Fundamentos legales en juego
Organismos de derechos humanos sostienen que el decreto entra en conflicto con varios marcos normativos vigentes, entre ellos:
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Constitución Nacional: artículos 18 (debido proceso), 19 (privacidad) y 33 (derechos implícitos).
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Ley 25.326 de Protección de Datos Personales.
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Ley 23.592 contra actos discriminatorios.
¿Seguridad o retroceso democrático?
Algunos sectores defensores del decreto argumentan que estas medidas podrían modernizar a la policía, aumentar la eficiencia investigativa y fortalecer la seguridad ciudadana. No obstante, múltiples voces sostienen que los riesgos para el Estado de derecho son demasiado altos.
“El fin no justifica los medios si estos vulneran las bases democráticas del país”, advierten desde organizaciones sociales.
Llamado a la revisión legislativa
Expertos, juristas, legisladores opositores y organismos internacionales están solicitando una revisión urgente del decreto. Consideran que su implementación sin reformas pondría en jaque derechos constitucionales básicos y abriría la puerta a un aumento en los casos de violencia institucional.
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