Preocupación por el posible veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad

Referentes y familias advierten sobre el impacto que tendría el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Temen por la quita de pensiones, la falta de prestaciones y el vaciamiento de derechos adquiridos.

El posible veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad generó una fuerte preocupación entre familias, instituciones y prestadores de todo el país. En La Rioja, Rosana Flores, madre de un niño con autismo y referente de APADEA (Asociación Argentina de Padres de Autistas), expresó su angustia ante el escenario que se avecina si se concreta la decisión del Ejecutivo.

“Nos afecta muchísimo como familias. Este fin de semana, a un papá de nuestra institución le dieron de baja la Pensión No Contributiva. Es un niño con Síndrome de Down, con derechos adquiridos, y hoy se ve vulnerado por estas nuevas auditorías que se están aplicando a nivel nacional”, relató Flores en diálogo con Medios El Independiente.

Además de la baja de pensiones, Flores advirtió que las prestaciones básicas también están en riesgo: “No contamos con el nomenclador actualizado desde el año pasado. Es algo insostenible. Se está cortando la medicación y eso ya lo veníamos previendo. Esta situación impacta directamente en la calidad de vida de nuestros hijos”.

En cuanto al tratamiento legislativo de la ley, señaló que hubo respaldo parcial, pero también un marcado desinterés por parte de algunos sectores: “Dialogamos con diputados y senadores. Algunos nos apoyaron, pero la oposición directamente no participó. Está claro que no les interesa una temática tan sensible como la discapacidad”.

Flores detalló que el veto sería parcial y que dividiría las prestaciones del sistema de pensiones. “Milei ya dijo que se iba a vetar. Pero además dividirán por un lado las prestaciones y por otro las pensiones no contributivas. Las auditorías son necesarias, pero no deberían aplicarse de forma generalizada ni con exigencias imposibles de cumplir. Un niño con Síndrome de Down no va a dejar de tener esa condición”.

La entrevistada también denunció que desde hace dos años no se aprueban nuevas pensiones y que existe una intención oficial de desmantelar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). “Nos dijeron que es un gasto innecesario para el Estado. Pero nuestros hijos no tienen la culpa de haber nacido con discapacidad. No vamos a permitir que les arrebaten sus derechos. Son derechos que han ganado con esfuerzo durante muchos años”.

Para Flores, más allá del aspecto político, lo que está en juego es el reconocimiento y la dignidad de miles de personas: “Tratar a nuestros hijos como tontos o débiles mentales es una ofensa que nos duele profundamente. Seguiremos luchando para que sus derechos se respeten”.

Con info del independiente digital.