Reforma laboral pone en alerta a periodistas por la posible eliminación de su estatuto profesional
La iniciativa del Gobierno nacional que propone derogar estatutos especiales y unificar actividades bajo la Ley de Contrato de Trabajo genera preocupación en el sector periodístico, que advierte por el impacto en la independencia profesional y la calidad informativa.
La reforma laboral presentada por el Gobierno reabrió un debate profundo sobre el modelo de trabajo que tendrá la Argentina en los próximos años. El proyecto impulsa una modificación integral del sistema normativo y contempla la eliminación de estatutos específicos, entre ellos el Estatuto del Periodista Profesional, vigente desde 1946. Este marco legal no solo regula las condiciones de ingreso, estabilidad y remuneración, sino que reconoce el carácter público del periodismo y la necesidad de proteger a quienes lo ejercen frente a presiones económicas o políticas.
Su posible derogación implicaría un cambio estructural para el oficio. Los trabajadores de prensa pasarían a regirse por la Ley de Contrato de Trabajo, un régimen general que no contempla las particularidades de una actividad que demanda independencia, resguardo profesional y estabilidad para investigar, denunciar y controlar a los poderes públicos. En un escenario donde las redacciones enfrentan recortes de personal, salarios deteriorados y multitareas crecientes, la pérdida de derechos podría traducirse en menor capacidad para garantizar información de calidad.
El Gobierno sostiene que la flexibilización laboral busca modernizar el sistema y reducir costos, pero amplios sectores sociales advierten que la eliminación de estatutos especiales supondría un retroceso en conquistas históricas. En un país marcado por la informalidad y la inestabilidad económica, debilitar marcos protectores podría profundizar desigualdades y aumentar la rotación laboral. La discusión, en ese sentido, trasciende lo jurídico: remite al modelo social y productivo que se quiere construir.
Los gremios de prensa manifestaron públicamente su postura. Desde FATPREN señalaron que la iniciativa representa “un retroceso de 80 años” y reafirmaron la defensa del Estatuto del Periodista. Por su parte, SiPreBA advirtió que el proyecto “es un ataque al periodismo y a quienes trabajamos”, al considerar que busca desmantelar un siglo de derechos laborales. Las organizaciones coinciden en que la eliminación de este estatuto afectaría no solo a los trabajadores del sector, sino también a la calidad democrática del país.
El debate supera lo sectorial. Se vincula con la libertad de expresión, la pluralidad informativa y el derecho ciudadano a recibir información veraz e independiente. La decisión que tome el Congreso será determinante para definir el equilibrio entre modernización y protección, entre competitividad y derechos, en un momento en el que la sociedad argentina discute no solo cómo quiere trabajar, sino también cómo quiere ser informada.
Redacción Infolar y Digital Norte
