Senadores rechazan como “anticonstitucional” el intento del Gobierno de silenciar a la prensa
Legisladores de distintos bloques cuestionaron las denuncias contra periodistas y advirtieron que se pone en riesgo la libertad de expresión en la Argentina.
En medio del escándalo por los audios que revelan presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno de Javier Milei denunció a periodistas por difundir grabaciones de Karina Milei y del exfuncionario Diego Spagnuolo. La medida generó un fuerte rechazo en el Senado, donde integrantes de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión calificaron la decisión como “anticonstitucional”.
La presidenta de la comisión, Carolina Moises (Unión por la Patria), sostuvo que el Ejecutivo avanza contra derechos básicos. “Nuestra responsabilidad es tutelar la Constitución y las leyes vigentes, garantizando la libertad de expresión, de prensa y el derecho de los ciudadanos a comunicarse sin condicionamientos”, señaló.
El Gobierno presentó dos denuncias —una penal y otra civil— para impedir la difusión de los audios y hasta pidió allanamientos a periodistas y abogados, bajo el argumento de un supuesto complot con influencia extranjera. Para los senadores, se trata de un intento de amedrentar a la prensa y ocultar el trasfondo del caso.
El senador Pablo Blanco (Juntos por el Cambio) advirtió que las medidas “ya traspasan la barrera de lo permitido” y cuestionó al juez Alejandro Maraniello, que dio curso a una cautelar para prohibir la publicación de los audios. Recordó además que el magistrado acumula denuncias por acoso y abuso, lo que pone en duda su imparcialidad.
En la misma línea, Martín Lousteau alertó sobre el impacto de los allanamientos pedidos por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich. “Si cada vez que se publica algo que no le gusta al Gobierno se allanan las casas de los periodistas, nadie tendría garantía de proteger sus fuentes. Sería un golpe grave para la democracia”, reflexionó.
Los senadores coincidieron en que el avance judicial y político contra la prensa no solo atenta contra los trabajadores de medios, sino también contra el derecho de la sociedad a informarse libremente. Hasta el momento, el Ejecutivo no respondió a los cuestionamientos.
