Tregua cambiaria a cambio de deuda: el acuerdo con el FMI marca la tercera etapa del programa económico de Milei

Con una inyección de US$ 20 mil millones, el Gobierno evita una nueva devaluación, pero profundiza el ajuste y posterga los problemas estructurales. El acuerdo con el FMI contradice las bases del crecimiento exportador sostenido.

La reciente firma de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por US$ 20.000 millones marca el inicio de una nueva etapa en el programa económico del gobierno de Javier Milei. Por primera vez desde su asunción, el Gobierno recurre al endeudamiento público como fuente de divisas para contener el dólar y garantizar el cierre del sector externo.

Este nuevo ciclo se suma a dos fases previas: la primera, iniciada con la devaluación de diciembre de 2023 que llevó el dólar oficial de $360 a $800, se basó en un severo ajuste fiscal que impactó sobre jubilaciones, obra pública, universidades, subsidios y empleo público, provocando caída del consumo, el salario y la actividad. Ese freno a la economía derivó en una balanza comercial superavitaria que permitió al BCRA acumular US$ 7.816 millones en reservas netas hasta mayo. Pero esa vía se agotó en junio.

La segunda etapa estuvo marcada por el blanqueo fiscal y el auge del carry trade. Empresas colocaron deuda en dólares, vendieron las divisas al BCRA y compraron instrumentos en pesos. La rentabilidad en dólares superó el 7% entre agosto y noviembre, pero el esquema se desarmó en marzo cuando se anticipó una nueva devaluación: se perdieron US$ 4.000 millones en reservas.

Ahora, con el acuerdo con el FMI y los desembolsos del BID y el Banco Mundial, el Gobierno logra una tregua en el frente cambiario, sin levantar del todo el cepo. Sin embargo, este alivio es de corto plazo: el sector público enfrenta vencimientos de deuda crecientes a partir de 2026, con un pico de US$ 17.308 millones en 2030. A esto se suman las obligaciones del sector privado, que promedian US$ 17.600 millones por año entre 2026 y 2030. En conjunto, más de un tercio de las exportaciones actuales.

El FMI proyecta que estos pagos se afrontarán con superávit de cuenta corriente y mayor ingreso de capitales. Pero esas previsiones requieren exportaciones creciendo al 5,6% anual, algo difícil de sostener cuando las ventas externas están estancadas desde 2011, y un crecimiento del PBI del 3,9% con importaciones creciendo solo al 4,7%, algo improbable por la elasticidad histórica de las compras externas.

El acuerdo también exige un superávit fiscal creciente: del 1,8% del PBI actual al 2,5% en 2027. Esto implica mantener el gasto en infraestructura en niveles mínimos, reduciendo aún más las inversiones en sectores estratégicos como ciencia, tecnología y educación.

Paradójicamente, el sector más dinámico de la economía –el energético– creció gracias a una fuerte presencia estatal, con medidas como la nacionalización de YPF y el gasoducto Néstor Kirchner. Sin embargo, el FMI promueve un modelo basado en la liberalización económica y el achicamiento del Estado, lo que va a contramano de esa experiencia.

En resumen, el nuevo acuerdo estabiliza el dólar a corto plazo, pero a cambio de más deuda y ajuste. Su sustentabilidad depende de que el país logre reducir el riesgo y volver a tomar deuda en los mercados internacionales. Un esquema vulnerable, que requiere continuidad política, confianza externa y un contexto financiero global estable. Sin planificación estatal en sectores clave, la “estabilidad” no garantiza desarrollo.