Dieron marcha atrás con la venta de tierras a extranjeros, pero el proyecto sigue en pie y las organizaciones alertan que el peligro continúa

La presión social logró que el Gobierno retirara el artículo que flexibilizaba la compra de tierras por parte de extranjeros. Sin embargo, ambientalistas, comunidades indígenas, organizaciones campesinas y especialistas advierten que el resto del proyecto permanece intacto y podría abrir la puerta a desalojos más rápidos, debilitar la protección de bosques incendiados y poner en riesgo territorios estratégicos para la soberanía nacional.

La decisión del Gobierno nacional de retirar del debate el artículo que modificaba la Ley de Tierras Rurales fue celebrada como una victoria parcial por organizaciones sociales, ambientales, campesinas e indígenas de todo el país. La iniciativa pretendía flexibilizar las restricciones para que ciudadanos y empresas extranjeras pudieran acceder a tierras rurales argentinas, una medida que despertó un amplio rechazo por el riesgo de extranjerización de territorios considerados estratégicos.

Sin embargo, las entidades remarcan que el conflicto está lejos de haber terminado. El proyecto de ley de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada» continúa en tratamiento y mantiene una serie de reformas que, según advierten, representan un serio retroceso en materia de protección ambiental, derechos territoriales y soberanía nacional. Por ello, sostienen que el verdadero peligro sigue vigente.

Uno de los puntos que más preocupa es la modificación del Régimen Nacional de Manejo del Fuego. Las organizaciones recuerdan que la legislación vigente impide cambiar el uso de los suelos que fueron afectados por incendios durante un período determinado, una herramienta creada precisamente para desalentar los incendios intencionales con fines inmobiliarios, ganaderos o extractivos.

La preocupación no es menor. En los últimos años, la Patagonia sufrió incendios devastadores que arrasaron miles de hectáreas de bosques nativos, afectaron viviendas, reservas naturales y comunidades enteras. Diversos sectores denunciaron entonces que detrás de algunos focos existían intereses económicos vinculados al negocio inmobiliario y a la apropiación de tierras de alto valor ambiental. Por ello, advierten que cualquier flexibilización de esa normativa podría facilitar la transformación de esos territorios y debilitar una de las principales herramientas legales para protegerlos.

Otro aspecto considerado altamente sensible son las modificaciones vinculadas a los desalojos. Las organizaciones sostienen que el proyecto agiliza los procedimientos judiciales y reduce las garantías de defensa para familias campesinas, pequeños productores y comunidades indígenas que ocupan históricamente esos territorios.

Alertan que, de aprobarse la iniciativa, podrían producirse desalojos con menores mecanismos de protección legal, dejando en una situación de mayor vulnerabilidad a quienes dependen de esas tierras para vivir y trabajar. También temen que se profundicen conflictos territoriales en distintas provincias, donde numerosas comunidades aún esperan el reconocimiento definitivo de sus derechos sobre las tierras que habitan desde hace generaciones.

A ello se suma la preocupación por las modificaciones relacionadas con expropiaciones y bienes del Estado, que, según los sectores críticos, podrían favorecer una mayor concentración de la tierra y facilitar el acceso de intereses privados sobre zonas de frontera, cuencas hídricas y otros recursos considerados estratégicos para el país.

Las organizaciones insisten en que la eliminación del artículo sobre la venta de tierras a extranjeros representa únicamente una rectificación parcial. Subrayan que el proyecto continúa en pie y que mantiene disposiciones que consideran regresivas para la protección del ambiente, la soberanía territorial y los derechos de las comunidades.

Por ese motivo, anunciaron que continuarán impulsando campañas de concientización y acciones ante el Congreso para reclamar el rechazo integral de la iniciativa. «No alcanza con retirar un artículo; mientras el resto del proyecto siga avanzando, el riesgo para el territorio argentino, los bosques, las comunidades y los recursos naturales continúa siendo muy alto», sostienen desde los colectivos que encabezan el reclamo.