La nena agredida por un policía tendrá justicia

La Justicia federal procesó al efectivo de la Policía Federal Cristian Rivaldi por abuso de autoridad y lesiones leves, luego de haber rociado con gas pimienta a una madre y su hija de nueve años durante una manifestación de jubilados frente al Congreso de la Nación.

El hecho ocurrió el 11 de septiembre de 2024 y fue registrado por múltiples cámaras, cuyas imágenes sirvieron como prueba clave en la causa. A pesar del procesamiento, el juez Sebastián Ramos decidió no dictar prisión preventiva.

El episodio se produjo en el marco de una jornada de protesta en la que miles de jubilados se movilizaron para exigir un aumento en sus haberes. La movilización fue reprimida con violencia por las fuerzas de seguridad, y en medio de esa intervención, Rivaldi arremetió contra Carla Pegoraro y su hija Fabrizia, que se encontraban sentadas en la vía pública, sin ofrecer resistencia ni involucrarse en hechos de violencia.

La imagen de la niña llorando desconsoladamente tras recibir gas directamente en su rostro recorrió los medios y redes sociales, generando una fuerte condena pública. En la resolución judicial, el magistrado remarcó que “el imputado arrojó gas contra dos mujeres, una de ellas menor de edad, que se encontraban en el suelo y sin agredir a la autoridad”, y que su accionar se apartó claramente de las normas de actuación para efectivos policiales.

El juez también desestimó los argumentos de defensa del agente, quien había declarado que nunca vio a la niña y que actuó bajo órdenes de sus superiores. Según Ramos, esa versión carece de verosimilitud. “Las imágenes delatan que apuntó directamente a ella y a su madre, sin reparo alguno y con total intención disparó el gas”, sostuvo el magistrado. Además, subrayó que “no existe motivo para dudar del testimonio de la querellante”, cuyas declaraciones fueron confirmadas por el material audiovisual presentado.

La investigación fue impulsada por el fiscal Eduardo Taiano, quien en abril solicitó la indagatoria de Rivaldi. En esa instancia, el imputado presentó un extenso descargo por escrito, en el que sostuvo haber cumplido con las directivas del “Comando Unificado de las Fuerzas Federales”. También alegó que jamás se le ocurrió que una menor pudiera estar “oculta” entre los manifestantes, una afirmación que fue rebatida categóricamente por el juez, que consideró que el accionar del agente fue intencional y contrario a toda norma de proporcionalidad y razonabilidad en el uso de la fuerza.

Este procesamiento marca un antecedente significativo en un contexto de creciente preocupación por el accionar represivo de las fuerzas de seguridad durante manifestaciones sociales. En las movilizaciones semanales de jubilados frente al Congreso, se repiten escenas de violencia institucional que incluyen golpes, bastonazos y el uso indiscriminado de gases irritantes. En este escenario también se encuentra bajo investigación el gendarme Héctor Jesús Guerrero, acusado de ser quien disparó una granada de gas lacrimógeno que impactó en el rostro del joven fotógrafo Pablo Grillo durante la represión del 12 de marzo. Grillo aún se encuentra en estado crítico, luchando por su vida.

Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos, gremios y organismos judiciales siguen reclamando mayores controles sobre el uso de la fuerza y la urgente necesidad de que el Estado garantice el derecho a la protesta sin represión ni violencia institucional.