La movilización para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario estuvo marcada por enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas federales, con gases lacrimógenos, balas de goma y la intervención de un camión hidrante. Según los primeros reportes, hubo más de 30 detenidos y ocho policías heridos, mientras que la Comisión Provincial por la Memoria contabilizó al menos 550 personas afectadas por el operativo.

La quinta Marcha Federal Universitaria, realizada este jueves 15 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires, terminó con incidentes y un operativo de las fuerzas de seguridad frente al Congreso de la Nación. La jornada, convocada para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, registró enfrentamientos, corridas, detenciones y denuncias por el uso de la fuerza contra quienes participaban de la movilización.

De acuerdo con los reportes difundidos durante la jornada, más de 30 personas fueron detenidas y ocho efectivos policiales resultaron heridos. Por su parte, la Comisión Provincial por la Memoria contabilizó al menos 550 personas afectadas por la exposición a gases lacrimógenos y balas de goma, en el marco de un operativo que involucró a distintas fuerzas federales.

Los episodios de mayor tensión se produjeron minutos antes de las 16, cuando un grupo de manifestantes rompió baldosas de las veredas y bancos y arrojó piedras de gran tamaño contra los efectivos desplegados frente al Palacio Legislativo. También se reportó el lanzamiento de pirotecnia y la intervención de agentes de la Policía Motorizada.

En respuesta, las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma y un camión hidrante para dispersar a los manifestantes. El operativo contó con la participación de Gendarmería Nacional, Policía Federal y Prefectura Naval.

Durante los incidentes, algunos participantes denunciaron la presunta presencia de personas encapuchadas que habrían provocado destrozos. Estas acusaciones circularon en medio de las versiones contrapuestas sobre el origen de los enfrentamientos y el desarrollo de la intervención policial.

Heridos, detenidos y gases lacrimógenos dentro del Congreso

Las consecuencias del operativo también alcanzaron a manifestantes, trabajadores de prensa y personas que se encontraban en las inmediaciones del Parlamento. Los primeros informes dieron cuenta de civiles que necesitaron asistencia médica y efectivos de distintas fuerzas con lesiones.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) intervino para atender a personas afectadas durante los enfrentamientos. Entre los primeros casos reportados, dos manifestantes recibieron asistencia médica y uno de ellos fue trasladado al Hospital Ramos Mejía.

La situación también repercutió dentro del Congreso. Parte de los gases lacrimógenos ingresó al anexo de la Cámara de Diputados, ubicado sobre la avenida Rivadavia y Riobamba, donde se encontraban los legisladores Cecilia Moreau, Agustina Propato y Carlos Castagneto.

Moreau sufrió una descompensación y debió recibir atención médica. El episodio generó preocupación por el alcance del operativo y sus efectos sobre quienes se encontraban dentro de las dependencias legislativas.

La cantidad de personas afectadas por los gases y los proyectiles de goma fue uno de los puntos centrales de las denuncias posteriores. La Comisión Provincial por la Memoria informó que al menos 550 personas resultaron afectadas, una cifra que dimensiona el impacto del despliegue de las fuerzas de seguridad durante la protesta.

El reclamo por el financiamiento de las universidades públicas

La movilización reunió a estudiantes, docentes, trabajadores nodocentes, sindicatos, organizaciones sociales y agrupaciones políticas. El eje central fue exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que establece mecanismos para actualizar los recursos destinados a las casas de estudio y atender la situación salarial de quienes trabajan en el sistema.

Bajo las consignas «Educación, soberanía y democracia» y «Milei, cumplí la ley», las columnas se concentraron en las inmediaciones del Congreso para reclamar una respuesta del Gobierno nacional ante la crisis presupuestaria que atraviesan las universidades.

Durante el acto central se leyó un documento en el que las organizaciones convocantes cuestionaron el incumplimiento de la normativa y advirtieron sobre sus consecuencias para el funcionamiento de las instituciones educativas y el sistema democrático.

«El incumplimiento por parte del Gobierno nacional de la Ley nos enfrenta a uno de los peores problemas que podemos tener como sociedad: poner en riesgo nuestra democracia y nuestro sistema republicano», señalaron en el texto.

Además del financiamiento universitario, los participantes cuestionaron el proyecto de Presupuesto 2027 y reclamaron la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que introdujo una amplia desregulación de distintas actividades económicas. El intento opositor de avanzar con el tratamiento de la derogación no prosperó, debido a que no se alcanzó el quórum necesario para abrir la sesión en la Cámara de Diputados.

La movilización se desarrolló bajo condiciones climáticas adversas. Las lluvias intensas y el viento complicaron la permanencia en las calles y llevaron a algunas agrupaciones a retirarse antes de lo previsto, aunque la convocatoria continuó mientras se producían los enfrentamientos.

La respuesta de la ministra de Seguridad y las críticas al operativo

Tras los incidentes, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, cuestionó a los manifestantes a través de sus redes sociales. «Los mismos violentos de siempre quieren imponer el caos», escribió, y sostuvo que algunos participantes buscan desafiar a las fuerzas de seguridad y convertir las calles en una zona liberada.

La funcionaria también advirtió que quienes agredan a los agentes, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia. En ese marco, afirmó que el derecho a manifestarse no habilita el ejercicio de la violencia.

Desde el Congreso, en cambio, hubo cuestionamientos al accionar de las fuerzas federales. Germán Martínez, presidente del bloque peronista en la Cámara de Diputados, reclamó que cesara lo que calificó como una «represión innecesaria».

«La marcha venía normal. Fue una provocación. Tiene que parar esto», expresó el legislador, al cuestionar el desarrollo del operativo.

También se pronunció Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), quien responsabilizó al Gobierno nacional por la situación y sostuvo que la violencia ejercida desde el Estado constituye una forma de violencia institucional. Además, cuestionó la presunta presencia de infiltrados entre los manifestantes y defendió el derecho a la protesta.

Las declaraciones reflejaron las distintas interpretaciones sobre los hechos: mientras el Gobierno puso el foco en los destrozos y las agresiones contra los efectivos, referentes opositores y sindicales cuestionaron la respuesta de las fuerzas de seguridad y denunciaron un uso desproporcionado de la fuerza.

Martín Menem vinculó los incidentes con un intento de desestabilización

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también se refirió a los enfrentamientos y acusó a sectores radicalizados de buscar generar caos e incertidumbre política.

En declaraciones al canal A24, el legislador riojano sostuvo que los disturbios no fueron hechos aislados y los vinculó con la disputa política que atraviesa el Congreso. «El objetivo fue dañar. Desestabilizar», afirmó, al considerar que los destrozos registrados durante la movilización respondieron a una intención de debilitar al Gobierno de Javier Milei.

Menem relacionó los incidentes con la fallida sesión en la que la oposición intentó reunir el quórum para tratar la derogación del DNU 70/2023. En ese contexto, cuestionó a los bloques opositores y reclamó que explicaran sus propuestas frente a las políticas del Ejecutivo.

Respecto del conflicto universitario, el titular de la Cámara baja rechazó las críticas contra la Casa Rosada y aseguró que el Gobierno nacional ya había cumplido con sus obligaciones de financiamiento. También sostuvo que la administración libertaria no está en contra de la educación pública, sino de los dirigentes políticos que, según su interpretación, utilizan el reclamo universitario como herramienta de confrontación.

Sus declaraciones profundizaron el contrapunto político en torno a la marcha, en una jornada en la que el reclamo presupuestario quedó atravesado por los enfrentamientos y las denuncias sobre el accionar de las fuerzas de seguridad.

Una jornada que profundizó el conflicto universitario

La quinta Marcha Federal Universitaria volvió a poner en el centro de la agenda nacional la discusión sobre el financiamiento de la educación superior, los salarios del sector y las condiciones necesarias para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas.

Sin embargo, los incidentes frente al Congreso desplazaron parte de la atención hacia el operativo de seguridad, las detenciones y la cantidad de personas afectadas por los gases lacrimógenos y las balas de goma.

Mientras el Gobierno nacional defendió la actuación de las fuerzas de seguridad y cuestionó los actos de violencia registrados durante la protesta, sectores opositores, sindicales y universitarios denunciaron una respuesta represiva frente a una movilización cuyo reclamo principal era el cumplimiento de la ley.

El desarrollo de los hechos volvió a exponer la tensión entre el derecho a la protesta, la obligación estatal de garantizar la seguridad y la necesidad de encontrar una salida al conflicto por los recursos destinados a las universidades públicas.