La Rioja exige un «mínimo» de respeto institucional tras una reunión de reparto de menores sin acuerdo
La consejera María Martín critica que no hayan podido votar el pacto, una petición que han hecho todas las comunidades
Tras cuatro horas y media de reunión, la conferencia sectorial de Infancia y Adolescencia entre la ministra Sira Rego y representantes de todas las comunidades autónomas ha acabado de nuevo este lunes sin acuerdo sobre la distribución de los menores migrantes no acompañados. La reubicación se ha convertido en un nuevo campo de batalla entre la mayoría de regiones del PP y Moncloa. Tan es así, que al término de la reunión, la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha reclamado un «mínimo de respeto institucional, puesto que es el Ejecutivo autonómico quien tiene la competencia y el conocimiento de cada capacidad de acogida. La solidaridad sin responsabilidad no es solidaridad», zanjaba.
La consejera ha críticado que no se haya consultado, ni informado a las comunidades. Los circuitos «son opacos, hay lagunas jurídicas, y no se ha tenido en cuenta el interés superior del menor, ni se consigue su integración». Defensora de una política migratoria integral con un enfoque centrado en el bienestar real de los menores y «que desmantele las mafias que trafican con personas vulnerables», ha censurado que no hayan prohibido votar el acuerdo, una petición que habían hecho todas las comunidades.
Martín ha hecho estas valoraciones al finalizar una conferencia bronca y minutos después de que la ministra Sira Rego lamentara en rueda de prensa la falta de consenso y de propuestas de las comunidades del PP sobre unos criterios de distribución de menores que. De no alcanzarse un acuerdo, ha dicho, serán de aplicación los del real decreto–ley pactado entre el Gobierno central y Junts, que modifica el artículo 35 de la Ley de Extranjería, y que tienen en cuenta indicadores como la población, la renta, el paro y la atención a los menores no acompañados. De acuerdo con estos parámetros, a La Rioja la corresponderían 154. No obstante, la decisión final quedaba a expensas de que las comunidades remitieran a Madrid la ocupación de sus recursos destinados a menores.
