Las provincias vuelven a endeudarse en dólares para financiar obras y refinanciar pasivos
Al menos seis provincias ya emitieron bonos en moneda extranjera por más de 4.300 millones de dólares y otras dos analizan seguir el mismo camino. La caída de la inversión nacional en infraestructura y la necesidad de refinanciar deudas impulsan una nueva etapa de endeudamiento, con tasas de interés más elevadas y crecientes compromisos financieros.
Las provincias argentinas volvieron a recurrir a los mercados internacionales de crédito para obtener financiamiento en dólares, marcando un nuevo ciclo de endeudamiento similar al registrado durante la gestión de Mauricio Macri. En los últimos doce meses, seis jurisdicciones emitieron bonos en moneda extranjera por un total de 4.375 millones de dólares, mientras que San Juan y Santa Cruz evalúan realizar colocaciones en los próximos meses.
Las emisiones corresponden a Córdoba, que obtuvo 1.525 millones de dólares en dos colocaciones; Santa Fe, con 800 millones; Chubut, con 650 millones; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 600 millones; Neuquén, con 500 millones; y Entre Ríos, con 300 millones.
Según datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, al cierre del primer trimestre de 2026 la deuda conjunta de las provincias alcanzaba los 22.132 millones de dólares entre bonos y préstamos de organismos internacionales, equivalente al 94,6% de sus pasivos financieros. Si se suman las obligaciones en pesos con la Nación y organismos oficiales, el stock total asciende a 32,6 billones de pesos, con un crecimiento real interanual del 7%.
Uno de los principales motivos de este nuevo endeudamiento es la necesidad de financiar obras de infraestructura que el Gobierno nacional dejó de ejecutar en el marco de su política de ajuste del gasto público. Gobernadores de distintas provincias sostienen que los recursos obtenidos permitirán desarrollar proyectos estratégicos vinculados a energía, rutas, agua potable, seguridad y otras obras consideradas prioritarias.
En Santa Fe, por ejemplo, el gobernador Maximiliano Pullaro anunció que los fondos estarán destinados a proyectos energéticos, mantenimiento vial y equipamiento para la Policía. Neuquén busca ampliar la infraestructura necesaria para acompañar el desarrollo de Vaca Muerta, mientras que Chubut utilizará parte del financiamiento para mejorar el acueducto entre el lago Musters y Comodoro Rivadavia.
Sin embargo, además de financiar inversiones, varias provincias recurrieron al mercado para refinanciar bonos que vencen en los próximos años. Esa necesidad las llevó a aceptar tasas de interés superiores a las de emisiones anteriores. Entre Ríos colocó deuda al 9,55% anual, Santa Fe al 8,10%, Córdoba al 8,60% y la Ciudad de Buenos Aires al 8,12%, mientras que Neuquén logró una tasa menor, del 7,35%, gracias al respaldo de sus regalías hidrocarburíferas.
Como consecuencia de estas nuevas colocaciones, el peso de los servicios de la deuda continúa creciendo. Mientras que en 2023 representaban el 0,2% del Producto Bruto Interno, en 2025 ascendieron al 0,6% y las proyecciones para este año los ubican en torno al 0,8% del PBI. Entre agosto y diciembre de 2026, las trece provincias que mantienen bonos en dólares deberán afrontar vencimientos por aproximadamente 1.040 millones de dólares.
El Gobierno nacional sigue de cerca este proceso porque las emisiones provinciales funcionan como referencia para una eventual salida de la Nación a los mercados internacionales. Además, la normativa vigente obliga a las provincias a liquidar las divisas obtenidas en el mercado oficial, lo que contribuye a fortalecer las reservas del Banco Central y sostener la estabilidad cambiaria.
Las agencias calificadoras de riesgo también monitorean la evolución del endeudamiento subnacional, especialmente por la exposición de las provincias a futuras devaluaciones y por la dependencia del Banco Central para acceder a los dólares necesarios para cumplir con los vencimientos de capital e intereses.
En paralelo, la Provincia de Buenos Aires mantiene un conflicto con la administración nacional por la autorización requerida para acceder a financiamiento internacional. Desde el gobierno de Axel Kicillof sostienen que el Ministerio de Economía demora la aprobación de nuevas operaciones de crédito, situación que atribuyen a diferencias políticas entre ambas administraciones y que, según afirman, limita la ejecución de obras de infraestructura consideradas prioritarias.
