Docentes, nodocentes y estudiantes realizaron clases públicas frente al Palacio de Tribunales para exigir que el Gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta coincidió con una nueva semana de paros en universidades de todo el país.

El conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales volvió a ocupar el centro de la escena este martes con una jornada de clases públicas frente al Palacio de Tribunales. La protesta fue impulsada por la Asociación de Docentes de la UBA, la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires y la Federación Universitaria de Buenos Aires, quienes reclamaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación una resolución urgente sobre la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Bajo la consigna “Señores jueces, que Milei cumpla la Ley”, docentes, trabajadores universitarios y estudiantes se concentraron en Plaza Lavalle para visibilizar el reclamo y exigir el cumplimiento de la normativa aprobada por el Congreso en 2025.

La jornada coincidió además con el inicio de una nueva semana de medidas de fuerza en las universidades públicas, convocadas por gremios docentes entre el 26 y el 30 de mayo. Los reclamos apuntan tanto a la falta de financiamiento como a la ausencia de convocatorias paritarias.

Durante la protesta se realizaron distintas clases abiertas sobre temas vinculados al sistema democrático y el derecho constitucional. Entre los expositores estuvieron el politólogo Luis Tonelli y el abogado constitucionalista Cristian Cao, quienes abordaron conceptos relacionados con la división de poderes y el rol institucional de la Justicia.

La actividad culminó con una cátedra abierta encabezada por la abogada laboralista Natalia Salvo, junto a los diputados nacionales Lucía Cámpora e Itaí Hagman, además del dirigente sindical y docente Pablo Perazzi.

Perazzi destacó la masiva participación estudiantil en las recientes movilizaciones universitarias y aseguró que el acompañamiento social fortalece la defensa de la educación pública. “La cantidad de jóvenes y estudiantes secundarios que participaron demuestra que la universidad sigue siendo una esperanza para miles de argentinos”, sostuvo.

Desde los gremios remarcaron que el reclamo por financiamiento no debería ser motivo de discusión política. Según expresaron, garantizar recursos para las universidades públicas resulta tan esencial como sostener el funcionamiento del sistema de salud.

El conflicto se profundizó luego de que las universidades denunciaran una caída acumulada del 37,3% en sus fondos desde diciembre de 2023. A eso se sumó el reciente recorte de 78 mil millones de pesos dispuesto por el Ejecutivo nacional sobre programas de la Secretaría de Educación, medida que afectó especialmente partidas destinadas a infraestructura universitaria.

El secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, explicó que la movilización buscó trasladar el reclamo directamente al máximo tribunal del país. “Ya lo pedimos cuatro veces en la calle. Ahora necesitamos que la Corte Suprema se expida y obligue al Gobierno a cumplir la ley”, manifestó.

El dirigente remarcó además que el deterioro presupuestario impacta en salarios docentes, becas estudiantiles, hospitales universitarios y proyectos de investigación, afectando directamente el futuro del sistema educativo argentino.

La Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial fue aprobada por el Congreso en 2025 y posteriormente ratificada frente al veto presidencial. La norma establece mecanismos para garantizar el sostenimiento económico de las universidades nacionales y la recuperación salarial de docentes y trabajadores nodocentes.

Sin embargo, el Gobierno nacional continúa sin aplicar plenamente la legislación, situación que derivó en una serie de presentaciones judiciales por parte de las universidades públicas.

En ese marco, tanto la primera instancia judicial como la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal fallaron a favor de las universidades y ordenaron al Poder Ejecutivo cumplir con los artículos centrales de la ley. No obstante, tras una nueva apelación presentada por el Gobierno, el expediente quedó ahora bajo análisis de la Corte Suprema.

Mientras esperan una definición judicial, las universidades nacionales continúan impulsando acciones institucionales y medidas de protesta para reclamar la aplicación inmediata de la norma y garantizar el funcionamiento del sistema universitario público.