Detienen al jefe de la Policía Caminera de Córdoba por asociación ilícita
Maximiliano Ochoa Roldán fue arrestado junto a otros policías y civiles por liderar una banda que usaba información privilegiada para cometer delitos. La causa incluye cargos como peculado, coacción y extorsión.
Un nuevo escándalo sacude a la Policía de Córdoba. El jefe de la Policía Caminera, Maximiliano Ochoa Roldán, fue detenido este viernes por orden del fiscal Guillermo González, acusado de liderar una organización delictiva conformada por otros cuatro policías y dos civiles, entre ellos su hermano y el jefe del área legal de la fuerza.
La investigación reveló que la banda utilizaba información reservada y recursos institucionales para cometer delitos vinculados principalmente a operaciones con inmuebles y desalojos ilegales. Según el fiscal, cobraban hasta un 30% del valor de las propiedades para ejecutar estas maniobras fuera del marco legal.
“Se trata de una asociación ilícita con características particulares, ya que los implicados ocupaban cargos jerárquicos y eran abogados. Utilizaban su conocimiento legal y posición de poder para estafar y extorsionar a particulares”, explicó González. Aclaró además que los delitos no guardan relación con multas o tareas específicas de la Caminera.
El origen de la causa se remonta a otra investigación en Cosquín, donde se detectaron vínculos entre integrantes de ambas bandas. A partir de esa conexión, se ordenaron allanamientos simultáneos que arrojaron pruebas claves para avanzar con las detenciones.
El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, acompañó al fiscal en la conferencia de prensa y expresó su preocupación por el impacto institucional del caso: “Desde el primer día de gestión buscamos transformar la Policía con transparencia. Estos hechos hieren esa intención”.
El arresto de Ochoa Roldán se suma a una serie de casos similares que afectan a las altas esferas de la fuerza provincial. En los últimos meses también fueron detenidos el exsubjefe de Policía Alejandro Mercado, por liderar una financiera ilegal, y Gustavo Folli, acusado de vender certificados truchos desde la jefatura de Bomberos.
La oposición reaccionó con dureza. El Frente Cívico, liderado por Luis Juez, exigió la renuncia del ministro Quinteros y criticó al gobernador Martín Llaryora por “proteger estructuras corruptas”. Desde la UCR también cuestionaron la política de ascensos dentro de la Policía, señalando una falta de control sobre los antecedentes de los funcionarios promovidos.
Este nuevo episodio vuelve a encender las alarmas sobre la crisis institucional y la penetración del delito en los mandos más altos de la seguridad provincial.
