La Justicia decretó la quiebra de la cadena farmacéutica tras el cierre de todas sus sucursales. Empleados denuncian maniobras de vaciamiento, salarios impagos y convocaron a una movilización en Chacarita para exigir respuestas.

La crisis económica volvió a golpear al sector comercial y farmacéutico. Este miércoles, la Justicia decretó la quiebra de Energía y Vida de Argentina SA, la empresa propietaria de la cadena Farmacias Dr. Ahorro, luego de que la propia firma solicitara la medida tras no lograr superar su concurso preventivo.

La resolución fue dictada por el Juzgado Comercial N° 23, a cargo del juez subrogante Federico Mármora, quien aceptó el pedido presentado por la compañía al considerar que existía una “imposibilidad material e irreversible” de continuar con sus operaciones.

La empresa argumentó que la crisis se profundizó debido a la recesión económica y a cambios normativos impulsados por el Gobierno nacional. En ese contexto, la histórica cadena, que durante más de veinte años se posicionó en el mercado de medicamentos genéricos a bajo costo, terminó cerrando sus 33 sucursales distribuidas entre Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Salta.

El impacto sobre los trabajadores fue inmediato. En diciembre de 2025 la firma ya había despedido a 72 empleados y, según denunciaron los propios trabajadores, apenas abonó el 25% de los salarios correspondientes a abril de este año.

A raíz de la situación, empleados y exempleados decidieron convocar a una movilización para este jueves 28 de mayo frente a la sucursal ubicada en Avenida Corrientes 6847, en el barrio porteño de Chacarita. Allí reclamarán el pago de sueldos adeudados, aguinaldos, vacaciones no abonadas e indemnizaciones pendientes.

Además, denunciaron un presunto vaciamiento de la empresa durante los últimos días. Según relataron, durante el fin de semana largo detectaron el retiro de bienes y mercadería de distintos locales, mientras algunas sucursales ya aparecieron publicadas para alquiler e incluso trascendió la posible venta de establecimientos a otros grupos farmacéuticos.

“Ante el avance del vaciamiento y la rescisión de contratos de alquiler, el cierre se volvió irreversible”, expresaron los trabajadores en un comunicado donde también solicitaron la intervención judicial para controlar el inventario y evitar una eventual fuga de activos que pueda perjudicar futuras indemnizaciones.

Otro de los reclamos apunta a la devolución de pertenencias personales que, aseguran, quedaron dentro de los locales tras el cambio de cerraduras dispuesto por la empresa.

En paralelo, los empleados señalaron que situaciones similares ya habrían ocurrido en la filial chilena de la compañía, donde —según denunciaron— también se habría producido un proceso de vaciamiento previo a la quiebra.

Dentro de las medidas judiciales adoptadas, el magistrado ordenó la inhibición general de bienes y prohibió la salida del país del presidente de la firma, Xavier González Zirión; de la vicepresidenta Paula Repetto Erbitti; y de la directora Lorena Piccolo. También dispuso la clausura de locales comerciales y la incautación de mercadería, documentación y otros bienes de la empresa.

El síndico designado deberá realizar el inventario correspondiente y tomar posesión de los bienes remanentes, mientras que los acreedores tendrán plazo hasta septiembre para presentar sus pedidos de verificación.

Mientras tanto, los trabajadores aseguran que continuarán visibilizando el conflicto y reclamando respuestas frente a una situación que dejó a decenas de familias sin empleo y con importantes deudas salariales pendientes.

Redacción Infolar y Digital Norte