El Gobierno promulgó la reforma laboral y la nueva normativa comienza a regir desde este viernes
La Ley 27.802 fue promulgada mediante el Decreto 137/2026 y establece cambios en el régimen laboral argentino, incluyendo modificaciones en indemnizaciones, convenios colectivos y regulación de trabajadores de plataformas.
El presidente Javier Milei promulgó este viernes la Ley N° 27.802 de reforma laboral, que introduce cambios en el régimen de relaciones de trabajo en Argentina. La normativa fue oficializada a través del Decreto 137/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado también por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
La ley había sido aprobada por el Congreso de la Nación el pasado 27 de febrero y, según el Gobierno nacional, forma parte de un proceso de “modernización” del sistema laboral. La nueva normativa modifica distintos aspectos de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 y otros marcos regulatorios vinculados al empleo.
Entre los cambios más relevantes, la reforma introduce modificaciones en el cálculo de las indemnizaciones por despido sin causa y establece la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Además, incorpora un nuevo esquema para trabajadores de plataformas digitales, quienes pasan a ser considerados como trabajadores independientes y no bajo relación de dependencia.
Otro de los puntos centrales de la normativa se vincula con el derecho a huelga. La ley eleva el piso de servicios mínimos obligatorios en medidas de fuerza que afecten servicios esenciales al 75% de la prestación habitual, mientras que en actividades consideradas de importancia trascendental se fija en un 50%. También amplía la lista de sectores considerados esenciales, incluyendo el transporte terrestre, la industria alimenticia, los servicios bancarios y financieros, entre otros.
La reforma también introduce cambios en el funcionamiento de los convenios colectivos, estableciendo que una vez vencido un acuerdo, este no continuará vigente automáticamente hasta que se firme uno nuevo. Asimismo, limita los aportes sindicales a un máximo del 2%.
Tras su sanción, distintos sectores sindicales manifestaron su rechazo a la iniciativa. La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó esta semana un planteo ante la Justicia solicitando que la ley sea declarada inconstitucional.
Especialistas en derecho laboral señalaron que algunos artículos de la normativa podrían generar debates judiciales. Entre ellos se encuentran las modificaciones vinculadas al derecho de huelga y la ampliación del listado de servicios esenciales, aspectos que podrían ser analizados a la luz de convenios internacionales y del marco constitucional vigente.
