Embargan el sueldo de la diputada Lorena Villaverde por millonarias demandas judiciales

Diputados Tratamiento del presupuesto 2026 Juliana santillan julianna Lorena Villaverde Foto Federico Lopez Claro

 



La legisladora de La Libertad Avanza enfrenta procesos civiles vinculados a operaciones inmobiliarias que derivaron en embargos sobre su patrimonio y su salario como diputada nacional.



La diputada nacional Lorena Villaverde, integrante de La Libertad Avanza por la provincia de Río Negro, enfrenta distintos procesos judiciales civiles que derivaron en embargos millonarios sobre su patrimonio y su sueldo como legisladora.

Uno de los casos más recientes se originó en diciembre de 2025, cuando un juez civil de San Carlos de Bariloche ordenó el embargo preventivo de su salario y del medio aguinaldo hasta cubrir una suma aproximada de 40,5 millones de pesos.

La medida fue dictada en el marco de una demanda por daños y perjuicios vinculada a una operación inmobiliaria. Según la denuncia, un comprador adquirió un terreno en el balneario de Las Grutas mediante un boleto de compraventa, pero nunca habría recibido la posesión del lote.

El fallo judicial dispuso retener parte de la dieta parlamentaria de la legisladora hasta cubrir unos 27 millones de pesos correspondientes al capital reclamado, además de otros 13,5 millones estimados en concepto de intereses y costas judiciales.

Sin embargo, este no sería el único proceso judicial en su contra. Meses antes, otro juzgado de San Antonio Oeste ordenó embargar cuentas y bienes por cerca de 50 millones de pesos en el marco de otras demandas presentadas por compradores que aseguran haber pagado terrenos que nunca fueron entregados.

Las denuncias están vinculadas con el emprendimiento inmobiliario denominado “Tajamar”, donde varios compradores sostienen que abonaron terrenos en cuotas, pero nunca recibieron la escritura ni la posesión de los lotes. Además, aseguran que el proyecto no contaba con las habilitaciones necesarias para construir.

De todos modos, los embargos dictados por la Justicia son medidas cautelares y no implican una condena definitiva. Su objetivo es garantizar que existan fondos disponibles en caso de que los tribunales determinen responsabilidades durante el proceso judicial.

Desde el entorno de Villaverde señalaron que se trata de conflictos entre particulares relacionados con desarrollos inmobiliarios y afirmaron que la defensa de la diputada se encuentra tramitando las causas ante la Justicia.