Fuerte polémica por el recorte en el INTI y advierten riesgos para la salud y la industria
La eliminación de cientos de servicios técnicos desató un fuerte rechazo de trabajadores y sectores políticos, que alertan sobre el impacto en controles clave y el futuro del sistema productivo.
La decisión del Gobierno nacional de avanzar con un recorte masivo en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial generó una fuerte controversia tras la eliminación de cerca de mil servicios vinculados a controles esenciales en alimentos, combustibles, materiales y procesos industriales.
La medida fue impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien defendió la iniciativa al sostener que muchos de estos servicios tenían baja utilización y que se ofrecían a costos reducidos, lo que —según argumentó— implicaba un subsidio indirecto por parte del Estado.
Sin embargo, desde el propio organismo y sectores especializados advirtieron que la decisión puede tener consecuencias directas sobre la seguridad y la calidad de productos en el país. Trabajadores del INTI alertaron que no existen actualmente laboratorios privados con capacidad suficiente para reemplazar, en el corto plazo, las funciones que cumplía el instituto.
Además, remarcaron que la medida pone en riesgo cientos de puestos de trabajo y afecta áreas clave vinculadas al control de calidad, la innovación tecnológica y el desarrollo productivo, especialmente para pequeñas y medianas empresas que dependen de estos servicios.
Entre los principales cuestionamientos, se destacó la posible pérdida de conocimiento técnico acumulado y la desarticulación de equipos especializados, lo que dificultaría reconstruir estas capacidades en el futuro. También se advirtió sobre el impacto en estándares internacionales, exportaciones y controles vinculados a sustancias peligrosas.
Las críticas también llegaron desde el ámbito político. La diputada Julia Strada cuestionó duramente los argumentos oficiales y subrayó que el rol del INTI no responde a una lógica de mercado, sino a la provisión de infraestructura tecnológica para el desarrollo industrial.
En ese sentido, se remarcó que el organismo cumple funciones clave como el control de materiales tóxicos, la verificación de equipos de seguridad, la calibración de instrumentos y el acompañamiento técnico a distintos sectores productivos, tareas que ahora quedarían sin cobertura estatal.
El debate se instala en un contexto de fuerte discusión sobre el rol del Estado, donde desde distintos sectores advierten que la eliminación de estos controles podría trasladar la responsabilidad al ámbito privado, generando incertidumbre sobre la calidad, la seguridad y la transparencia en múltiples actividades.
