Advierten que el anonimato en redes es un mito y que las amenazas digitales pueden terminar en causas penales
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Desde la Oficina de Ciberdelitos de La Rioja alertan sobre el aumento de publicaciones intimidatorias, especialmente en ámbitos escolares, y remarcan que no se trata de bromas sino de delitos con consecuencias legales.
En el marco de una creciente preocupación por mensajes amenazantes difundidos en redes sociales, la Oficina de Ciberdelitos de La Rioja, a cargo de Silvina Santángelo Carrizo, advirtió que el supuesto anonimato digital es un mito y que este tipo de conductas puede derivar en antecedentes penales.
En las últimas semanas, situaciones vinculadas a amenazas de violencia en escuelas de la provincia y del país comenzaron a replicarse como una especie de desafío viral. Sin embargo, desde el ámbito judicial y tecnológico subrayan que estas acciones no son juegos ni bromas, sino hechos que pueden ser encuadrados dentro del Código Penal Argentino.
Entre las figuras legales aplicables se encuentra la intimidación pública, prevista en el artículo 211, que se configura cuando se genera temor colectivo o se altera el orden. También pueden considerarse amenazas o amenazas coactivas, en los casos en que se anuncia un daño grave con el objetivo de intimidar o forzar decisiones, como la suspensión de clases. A esto se suma el daño agravado, cuando se ven afectados bienes públicos, como instituciones educativas.
Desde el área especializada explican que no existe el anonimato real en internet, ya que toda actividad digital deja rastros. La evidencia puede reconstruirse a través de metadatos, que incluyen fecha, hora, ubicación y tipo de dispositivo, así como mediante direcciones IP que pueden ser rastreadas incluso cuando se utilizan cuentas falsas. Además, la información permanece almacenada en servidores y equipos, lo que permite su recuperación durante una investigación.
Otro aspecto clave que remarcan las autoridades es que la responsabilidad penal puede alcanzar a menores desde los 14 años, mientras que los antecedentes generados en este tipo de causas pueden impactar en la vida adulta. A su vez, los padres pueden ser responsables civilmente por los daños ocasionados.
También advierten que quienes comparten o viralizan este tipo de contenidos pueden quedar involucrados en las investigaciones judiciales, ampliando el alcance de las consecuencias legales.
Desde la Oficina de Ciberdelitos insisten en la importancia de tomar conciencia sobre el uso responsable de la tecnología. “No es un juego, es derecho penal en entorno digital”, remarcan, y concluyen con un mensaje claro: las mismas herramientas que algunos creen que sirven para ocultarse son las que finalmente permiten identificarlos.
