El presidente Javier Milei volvió a quedar en el centro de la polémica tras publicar una historia en redes sociales donde apuntó contra Ian Moche, un niño de 12 años con autismo que reclama por sus derechos.
En la publicación, Milei lo vinculó con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y lo tildó de representar “el lado del mal”, en un mensaje dirigido al periodista Paulino Rodríguez, a quien acusó de operar contra el Gobierno.
La reacción fue inmediata. Referentes sociales, políticos y usuarios de redes repudiaron la actitud del mandatario, especialmente en el contexto de la inminente votación en Diputados del proyecto para declarar la emergencia en discapacidad, impulsado por el legislador Daniel Arroyo.
Días atrás, el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, también había sido criticado por expresarse de manera despectiva durante una reunión con Ian y su madre. En ese encuentro, afirmó que tener un hijo con discapacidad “es problema de la familia, no del Estado”, y cuestionó beneficios adquiridos como la exención de peajes: “¿Por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no?”, habría dicho, según relataron los presentes.
Luego del revuelo, Spagnuolo rompió el silencio en medios de comunicación y trató de “mentirosos” a Ian y su madre, Marlene Spesso. “Lamentablemente, el titular de ANDIS sale de su despacho solo para desmentir a un nene, no para solucionar nada”, declaró ella.
Este miércoles la Cámara de Diputados debatirá el proyecto de ley para declarar la emergencia en discapacidad hasta 2027. La iniciativa prevé la actualización de fondos para transportistas, acompañantes terapéuticos y prestadores de servicios, además de la reactivación de pensiones por invalidez, paralizadas casi por completo desde 2023.
“Conozco la angustia, la preocupación y el maltrato que viven las familias. Sé que ya no aguantan más. Tenemos que dar un paso adelante: esto tiene que ser ley”, expresó Arroyo.
La propuesta cuenta con dictámenes favorables de tres comisiones y el respaldo de bloques como Encuentro Federal, el FIT, Coalición Cívica, parte de la UCR y Democracia para Siempre. Desde el oficialismo anticiparon su rechazo al considerar que el proyecto compromete las metas de déficit cero y lo calificaron como “asistencialista y regresivo”.
A pesar de eso, la oposición confía en tener los votos necesarios para aprobar la norma. No se descarta, sin embargo, que el Ejecutivo recurra a un veto presidencial.
De aprobarse, la ley garantizará hasta fines de 2027 el acceso a derechos básicos para personas con discapacidad, como salud, educación, trabajo, pensiones no contributivas y protección social, además de promover el cumplimiento del cupo laboral y beneficios fiscales para empresas que contraten personas con discapacidad.