Propiedad Privada: el Gobierno logró la media sanción, pero crece el rechazo por el impacto sobre los inquilinos
El Senado aprobó el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno nacional y lo giró a Diputados. La iniciativa genera fuertes cuestionamientos por las disposiciones vinculadas a los desalojos, en un contexto de crisis económica, caída del poder adquisitivo y creciente dificultad de las familias para afrontar el costo de la vivienda.
El Gobierno nacional consiguió avanzar con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obtuvo media sanción en el Senado y ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados. La aprobación se produjo en medio de fuertes tensiones dentro del oficialismo y sus bloques aliados, luego de que el sector libertario cuestionara a Patricia Bullrich por la estrategia parlamentaria y por no haber advertido con anticipación las dificultades para reunir los votos necesarios en la Cámara alta.
La iniciativa, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue aprobada en general por 37 votos contra 33, aunque durante el tratamiento en particular el oficialismo debió retirar algunos de los capítulos que no contaban con respaldo suficiente. Entre ellos quedó fuera la modificación a la Ley de Manejo del Fuego, mientras que previamente también había sido eliminado el capítulo relacionado con la extranjerización de tierras.
Uno de los aspectos que mayor preocupación generó entre organizaciones de inquilinos y sectores de la oposición está relacionado con los mecanismos previstos para acelerar los desalojos. Los cuestionamientos apuntan especialmente al impacto que estas disposiciones podrían tener sobre familias que alquilan y que, ante la pérdida de ingresos o el aumento del costo de vida, atraviesan dificultades para cumplir en tiempo y forma con el pago de la vivienda.
La discusión se da en un escenario económico en el que el acceso a una vivienda propia se volvió cada vez más difícil para amplios sectores de la población. Una proporción significativa de los hogares argentinos no cuenta con vivienda propia y debe recurrir al alquiler para acceder a un techo, mientras los ingresos pierden capacidad de compra frente al costo de los servicios, los alimentos, la salud y la vivienda.
Para muchas familias, llegar a fin de mes implica actualmente una decisión permanente entre pagar el alquiler, comprar alimentos, afrontar medicamentos, cancelar deudas o cubrir los gastos básicos. El uso de tarjetas de crédito y otras formas de financiamiento se convirtió para numerosos hogares en una herramienta para sostener el consumo cotidiano, incluso para gastos esenciales.
En este contexto, organizaciones de inquilinos y manifestantes se movilizaron para reclamar que el Congreso contemple la situación habitacional antes de avanzar con mecanismos que, según advierten, podrían acelerar los desalojos. El planteo central es que una política de vivienda no puede analizarse únicamente desde la defensa del derecho de propiedad, sino también desde el derecho de las familias a acceder y permanecer en una vivienda digna.
La problemática habitacional se suma además a un escenario de fuerte deterioro económico. La caída del consumo, la recesión, el cierre de comercios y la pérdida de puestos de trabajo profundizaron las dificultades de trabajadores y pequeños empresarios. En distintos sectores se multiplicaron las advertencias por la imposibilidad de sostener los costos de funcionamiento frente a la caída de las ventas y el aumento de los gastos.
El deterioro del mercado laboral también condiciona la capacidad de las familias para afrontar alquileres cada vez más elevados. Para quienes pierden su empleo o sufren una reducción de ingresos, el riesgo de acumular deudas y quedar expuestos a un desalojo aumenta considerablemente.
Los cuestionamientos también alcanzan al rumbo económico del Gobierno de Javier Milei y al programa de ajuste implementado por su administración. La reducción del gasto público, la caída del consumo y las políticas de desregulación promovidas por Sturzenegger son señaladas por sus críticos como parte de un modelo que trasladó una parte importante del costo del ajuste a trabajadores, jubilados, inquilinos y pequeños comerciantes.
La situación alimenta un escenario social cada vez más complejo, en el que muchas familias deben multiplicar sus esfuerzos para sostener sus ingresos. Trabajar más horas, sumar empleos o recurrir al endeudamiento se transformaron en alternativas para quienes buscan evitar atrasos en el alquiler y mantener cubiertas las necesidades básicas.
La aprobación de la iniciativa vuelve a poner en el centro del debate la situación de los inquilinos. Después de los cambios introducidos por el Gobierno nacional en el régimen de alquileres, sectores sociales y organizaciones que representan a quienes alquilan advierten que el nuevo proyecto puede significar un nuevo retroceso para quienes no cuentan con una vivienda propia.
Ahora será la Cámara de Diputados la que tendrá la última palabra sobre el proyecto. Allí volverán a enfrentarse dos posiciones: por un lado, quienes sostienen que es necesario reforzar la protección de la propiedad privada y agilizar los procedimientos frente a ocupaciones y conflictos; por otro, quienes advierten que esas herramientas no pueden aplicarse desconociendo la realidad económica de millones de familias que dependen del alquiler para poder vivir.
