Quintela impulsa una ley para proteger las tierras rurales y reforzar la soberanía sobre los recursos estratégicos de La Rioja

El gobernador envió a la Cámara de Diputados un proyecto que reglamenta el artículo 81 de la Constitución provincial y establece límites, controles y prohibiciones para la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras. La iniciativa busca preservar el territorio, los recursos hídricos, la producción local y las áreas consideradas estratégicas.

En medio del fuerte debate nacional generado por el proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei para modificar el régimen de acceso a la propiedad de tierras rurales, el gobernador Ricardo Quintela envió a la Cámara de Diputados de La Rioja una iniciativa destinada a fortalecer la protección del dominio rural provincial y establecer mayores controles sobre la participación extranjera en el territorio.

El proyecto reglamenta el artículo 81 de la Constitución de La Rioja y plantea un régimen específico para la adquisición, transferencia, locación y constitución de derechos reales sobre tierras rurales por parte de personas humanas y jurídicas extranjeras. La propuesta declara a estas disposiciones de orden público y de interés provincial estratégico.

Desde el Gobierno provincial sostienen que la tierra debe ser considerada no solamente como un bien económico sujeto a las reglas del mercado, sino también como un componente estratégico vinculado con la soberanía, la preservación ambiental, la seguridad alimentaria y el control de los recursos naturales.

En ese sentido, la iniciativa advierte sobre los riesgos derivados de la concentración de grandes extensiones de territorio en manos extranjeras, especialmente cuando se trata de zonas que contienen recursos hídricos, áreas de elevado valor ambiental o espacios considerados fundamentales para el desarrollo productivo y territorial de la provincia.

Uno de los puntos centrales del proyecto establece que la superficie rural en manos extranjeras no podrá superar el tres por ciento del territorio rural provincial ni el tres por ciento de la superficie rural de cada departamento. Además, incorpora un límite por nacionalidad con el objetivo de evitar procesos de concentración territorial bajo el control de un mismo origen extranjero.

La iniciativa también establece una serie de prohibiciones específicas. Las personas o empresas extranjeras no podrán adquirir, alquilar ni acceder mediante concesiones a tierras ubicadas en franjas de seguridad de frontera, ni a inmuebles que contengan ríos, acuíferos, nacientes o zonas de recarga hídrica.

La restricción alcanza además a áreas naturales protegidas, reservas de biosfera, parques provinciales, zonas declaradas en emergencia ambiental, sitios arqueológicos y culturales, tierras destinadas a la agricultura familiar, áreas comprendidas en programas de colonización estatal y espacios reservados para infraestructura pública o declarados estratégicos por ley.

Para reforzar el sistema de control, el proyecto propone crear el Registro Único Provincial de Tierras Rurales, que tendrá como función relevar, fiscalizar y mantener actualizado el dominio rural existente en la provincia.

A partir de este mecanismo, toda operación que involucre tierras rurales y sujetos extranjeros deberá contar previamente con un Certificado de Habilitación emitido por la autoridad de aplicación. Sin ese certificado, la operación no podrá ser considerada válida ni acceder a su correspondiente inscripción registral.

El proyecto también establece un régimen de sanciones para quienes incumplan las disposiciones. Entre las medidas previstas se encuentra la nulidad absoluta de las operaciones realizadas en violación de la normativa, multas de hasta el 50 por ciento del valor fiscal del inmueble y la obligación de desinvertir o vender las tierras adquiridas irregularmente dentro de un plazo máximo de 360 días.

Además, la iniciativa contempla un relevamiento obligatorio de los actuales titulares extranjeros de tierras rurales. El registro deberá realizarse dentro de los 180 días posteriores a la eventual promulgación de la ley, con el objetivo de contar con un mapa actualizado de la propiedad rural en manos extranjeras.

La propuesta provincial llega en un momento en el que la discusión sobre la propiedad de la tierra volvió a ocupar un lugar central en la agenda política argentina. Mientras el Gobierno nacional promueve cambios destinados a flexibilizar determinadas restricciones para la participación extranjera en el mercado de tierras, desde La Rioja se plantea avanzar en sentido contrario, mediante mayores controles sobre las operaciones que involucren territorio rural y capitales extranjeros.

El debate adquiere especial relevancia en una provincia donde el acceso y la disponibilidad del agua constituyen factores estratégicos para la producción y el desarrollo territorial. En ese marco, el proyecto coloca los recursos hídricos y las zonas vinculadas con su preservación entre los espacios que requieren una protección especial.

Con la iniciativa, el Gobierno de La Rioja busca establecer un marco jurídico que permita preservar el dominio sobre el territorio rural, limitar la concentración extranjera, proteger los recursos naturales y garantizar que el uso de la tierra se encuentre vinculado con el interés público, la producción local y una estrategia de desarrollo provincial.

El proyecto deberá ahora ser analizado por la Cámara de Diputados de La Rioja, donde comenzará el debate legislativo sobre los alcances y mecanismos de aplicación del nuevo régimen.